El ex presidente del periodo 2016-2020 va a proceso por uso ilícito de atribuciones y facultades, en agravio de la administración pública municipal

A través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) obtuvo dos vinculaciones a proceso para una persona de iniciales J. M. L. C., por hechos que la ley sanciona como uso ilícito de atribuciones y facultades, en agravio de la administración pública municipal.

Al ex alcalde de Tlaxcoapan Jovani Miguel L.C., en el periodo 2016-2020, se le imputan hechos que ocurrieron en 2018, cuando realizó un pago ilegal al contratar a la empresa ARA Organización y Servicios de Producción S.A. de C.V., sin llevar a cabo el proceso de adjudicación conforme a lo establecido en la ley.

Además, también es investigado por autorizar de manera ilegal el pago de la ampliación de la red eléctrica en la calle Gran Canal, en la localidad de Teltipan de Juárez, misma que debió iniciarse el 25 de junio del 2019, y concluir el 15 de agosto del mismo año, sin embargo no fue ejecutada.

Ambas conductas, que en conjunto suman un detrimento patrimonial en agravio del municipio, por casi dos millones de pesos, fueron denunciadas y se iniciaron dos carpetas de investigación en las que obran datos de prueba con las que se solicitaron las órdenes de aprehensión correspondientes, mismas que fueron ejecutadas el pasado 27 de noviembre por elementos de la División de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción en el municipio de Mineral de la Reforma.

En las audiencias iniciales por cada una de las causas penales que se originaron a partir de la judicialización de ambas carpetas de investigación, el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas. En las continuaciones de las audiencias, se obtuvieron las vinculaciones a proceso por uso ilícito de atribuciones y facultades.

La autoridad judicial concedió plazos de cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias y como medida cautelar se fijó la prisión preventiva justificada.