Miguel Ángel Mancera Espinosa – Senador de la República
Ante el crecimiento de la violencia ejercida contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en 2012 el Estado mexicano creó el llamado Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHP) en el que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben cooperar para garantizar la seguridad de quienes ejercen la libertad de expresión en su función informativa o la defensa de los derechos humanos.
Se trata de una medida que no es originaria ni exclusiva de México, otros países como Suecia, Colombia o Paraguay han puesto en marcha acciones similares. En el MPPDDHP como en cualquier política pública tanto el diseño como la ejecución importan y se requiere diferenciar los problemas que se ocasionan en una u otra fase para que su funcionamiento sea óptimo.
Así, aunque las normas por las cuales se rigen las autoridades que participan en ellos sean claras, el ejercicio de las atribuciones en los hechos ha producido resultados poco alentadores. Esto ha generado replanteamientos en su diseño, como el de 2020 que reformó la ley de la materia para asignarle a la Secretaría de Gobernación la facultad de determinar el monto presupuestal con el que contaría el mecanismo, la Coordinación Ejecutiva Nacional mantuvo la función de ejecutarlos de acuerdo a lo que determine la Junta de Gobierno, lo que implica cooperación continua entre las tres autoridades.
Pero aún con los cambios, en lo que va del sexenio, han ocurrido cerca de 160 asesinatos a periodistas o activistas y de acuerdo con las autoridades 1,455 reciben protección de algún tipo a través del MPPDDHP por lo que la cantidad de personas activistas y periodistas fallecidas, representan más del 10% del total de las personas que reciben la protección.
Proponer a la ligera un cambio al mecanismo sería sin duda arriesgado pero hay que recordar que la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU a solicitud de la Secretaría de Gobernación realizó en 2019 un diagnóstico de su funcionamiento en el que se detectaron diversos problemas para los que planteó recomendaciones, como (1) garantizar la asignación adecuada de recursos humanos, materiales y económicos para la operación, (2) garantizar que todas las personas incorporadas al Mecanismo puedan recibir asesoría jurídica, acompañamiento psicosocial y atención de salud, (3) promover la construcción de un marco de sanciones administrativas para las y los funcionarios públicos que agredan personas defensoras o periodistas, y (4) realizar un estudio específico que identifique las causas que motivan el bajo número de casos concluidos y presentar a la Junta de Gobierno estrategias al respecto.
Es decir que para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos al igual que otros países tenemos un mecanismo de protección, pero también contamos con un diagnóstico de su funcionamiento realizado por especialistas, del cual se derivó la detección de 7 problemas de gran importancia y 103 recomendaciones para resolverlos. Sin embargo, de la fecha de la emisión de dicho diagnóstico al día de hoy han muerto 22 periodistas, mientras los problemas y recomendaciones subsisten.
*AGENCIA EL UNIVERSAL
