No debía decirlo, pero en un país en el que la ley no se aplica a los poderosos, en el que pueden cometer las mayores fechorías sin pagar costo alguno, produce un cierto gozo observar el tránsito de la prepotencia a la impotencia.
Constatar el abrupto contraste de la Rosario Robles sonriente, del pasado jueves 8, cuando atendió la audiencia inicial por el delito de “ejercicio indebido del servicio público”, que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR), a la Rosario que el martes 13 fue ingresada al reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla. La trama criminal descubierta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los días en que la encabezaba Juan Manuel Portal, y a la que dieron seguimiento Animal Político y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI), es de una contundencia abrumadora. Una tosca ingeniería permitió substraer miles de millones de pesos de recursos públicos y moverlos a través de universidades y tecnológicos públicos hasta desaparecerlos en empresas fantasmas. Con una dedicación que debió emplearse para mejores causas, Rosario y su oficial mayor, Emilio Zebadúa, encontraron resquicios legales para poner en marcha esa operación criminal. Portal ha declarado que le informó personalmente al entonces presidente Enrique Peña Nieto del desfalco y desde mero arriba se instruyó a las instituciones del Estado (la PGR y la Secretaría de la Función Pública, principalmente) “tapar” las tropelías; Rosario no tenía de qué preocuparse. El caso de la joven activista y sindicalista universitaria, la feminista que se encumbró hasta sustituir al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la jefatura de Gobierno del DF, obliga a preguntarse: ¿qué lleva a militantes de izquierda, severos críticos de los abusos del poder, a volverse como ellos o peores? Las dimensiones del atraco son de escándalo y su gravedad se acentúa al considerar que esos recursos estaban destinados a la atención de los más pobres. ¿Y Rosario se cansó también de ser pobre? Supongo que lo duro es empezar, pero después se instala en la mente, como un virus, una avaricia sin límites que los lleva a escalar del primer millón a diez; de diez a cien y de cien a mil millones. Parece demencial, pero durante el sexenio de Enrique Peña Nieto —una verdadera cleptocracia—, fueron muchos los funcionarios federales y estatales que se atragantaron con dinero mal habido. Cuando se ocupa una posición de tanto poder, sobran los cercanos que le ofrecen arreglos a cambio de un nombramiento en el lugar correcto o de una recomendación que se concrete en el manejo de cuantiosos recursos, concesiones lucrativas o contratos para obra pública. Pero algo está cambiando. El scal general, Alejandro Gertz Manero, ofreció reestructurar toda la investigación de La Estafa Maestra desde una perspectiva de delincuencia organizada, incluso como crimen de Estado. No deberá sorprender a nadie que en breve se agreguen al expediente de Rosario otras denuncias de hechos constitutivos de delitos graves, como la falsificación de documentos (incluso testigos colaboradores han señalado las casas en las que se fabricaron los “entregables”). Las investigaciones en curso deben traducirse en el n de la impunidad; que vaya en serio la consignación de los personajes que saquearon al país. Por lo pronto, Emilio Lozoya y César Duarte permanecen prófugos; Emilio Zebadúa —personaje clave en esta trama— no ha sido citado a comparecer… No se habla de Gerardo Ruiz Esparza y los contratos ventajosos para las constructoras preferidas. Tampoco de uno de los compadres del presidente: Luis Miranda Nava —quien también pasó por Sedesol—. Pero son muchos más.
