El recibo tiene un sello del Estado Islámico en el centro. En la parte superior izquierda aparece el nombre “Departamento de Recursos Naturales y Antigüedades del Estado Islámico”. Por debajo, el signatario, Abu Sayyaf al Iraqi, da cuenta de que ha recibido 2.152.000 libras sirias como porcentaje -una suerte de licencia- de la venta de antigüedades en la provincia de Deir al Zor, en la franja oriental siria. El nombre del receptor aparece en la hoja tachado, probablemente por el personal del Departamento de Estado estadounidense que difundió el documento en septiembre.

Lo hizo unos meses después de la muerte en una operación especial del propio Abu Sayyaf, considerado un alto mando del EI en la gestión de hidrocarburos. En el despliegue, EU se hizo con documentación de los negocios de este veterano yihadista, un botón de muestra del entramado de financiación del grupo, centrado esencialmente en la explotación y expolio del territorio, algo que su hoy archienemiga en la batalla por el cetro de la yihad global, Al Qaeda, nunca pudo hacer, dependiente de las donaciones privadas.

En octubre, EU lanzó la Operación Tidal Wave II para atacar la industria de extracción y comercio de petróleo en las zonas controladas por el EI, fuente de financiación vital para el califato de Abubaker al Bagdadi. Y los resultados, según Washington, han sido buenos: los yihadistas ya no tienen control sobre ningún campo petrolífero en Irak, mientras que desde Siria, el crudo sirve a compradores de dentro del territorio y es muy poco el que logra atravesar la frontera turca.

Según cifras difundidas por el Departamento del Tesoro de EU, la explotación de petróleo le ha podido reportar al EI unos 500 millones de dólares al año. Sea por los éxitos de los bombardeos o por errores de cálculo, el crudo no es ya la mina de oro de antaño.

El analista AymennJawad al Tamimi, experto en inteligencia y yihadismo, ha difundido documentos de la contabilidad del EI de la provincia de Deir al Zor, rica en hidrocarburos, recogidos entre finales de 2014 y principios de 2015. Según sus cuentas, la explotación de petróleo y gas supone alrededor del 27,7% de los ingresos, por un 23,7% los impuestos (extorsión) y un 3,9% la gestión de la electricidad. La palma, con un 44,7% de lo ingresado, se la lleva la confiscación de bienes —de gente que huye, de la venta sin permiso de alcohol, tabaco u otros bienes—. El 43,6% de lo que entra en las arcas va a parar al pago de los combatientes.