Caracas.- Van 13 días desde que se inició la campaña electoral en Venezuela, que renovará su Parlamento el 6 de diciembre, y la oposición ha denunciado cinco ataques -dos de ellos armados- a sus aspirantes. El último de ellos, ocurrido el miércoles, se cobró la vida de Luis Manuel Díaz, dirigente local del opositor Acción Democrática, al término de un mitin en el que participó Lilian Tintori, esposa del líder encarcelado Leopoldo López.

Las versiones iniciales indican que Díaz, quien también es dirigente sindical, recibió varios disparos mientras esperaba en una escalera el término de un mitin en la ciudad de Altagracia de Orituco, en el Estado de Guárico (llanos centrales venezolanos) para apoyar a candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de partidos opositores.

El acto contaba con la presencia de Lilian Tintori, la esposa del dirigente Leopoldo López, que denunció el jueves intentos para matarla. La noticia se confirmó a través de la cuenta de Twitter del secretario general de Acción Democrática, (AD, socialdemócrata), Henry Ramos Allup, quien responsabilizó “a las bandas armadas” del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela de dispersar a balazos una concentración que, según testigos, se desarrollaba en calma hasta que se escuchó una ráfaga de disparos.

El presidente Nicolás Maduro aseguró que hay elementos que señalan que la muerte por un disparo de un dirigente local de la oposición al concluir un acto de campaña en el centro del país fue consecuencia de un enfrentamiento de bandas. “El ministro de Interior ya tiene elementos que apuntan hacia un sicariato de ajustes de cuentas de bandas rivales, dedicadas a las situaciones criminales irregulares”, afirmó el mandatario. La oposición rechaza de plano esa explicación.

El ministerio público ha ordenado a dos fiscales que se pongan al frente de las investigaciones. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ha revelado que ya está identificado uno de los supuestos autores materiales.

El Gobierno busca liberar a sus adeptos de cualquier responsabilidad. Desde que a finales de 2000 el chavismo contribuyó a atomizar el movimiento sindical venezolano, las bandas armadas controlan la asignación de empleos en las obras y es frecuente que las diferencias entre las organizaciones se diriman a balazos.