Un enfrentamiento entre militares y ladrones de combustible que deja varios muertos, entre ellos uno presuntamente por un tiro de gracia de un uniformado; un asalto a una sede del PRI deja cinco cadáveres; una madre activista, que buscaba desaparecidos, asesinada en Tamaulipas… La sucesión de hechos es de mayo, pero podría ser del mes pasado. O lo será, con cambios de escenario, seguramente el próximo. La violencia, un cáncer para México, y la consiguiente impunidad se expanden como metástasis sobre un sistema que se vuelve cada vez más ingobernable.

2017 avanza como el año más violento del sexenio del presidente, Enrique Peña Nieto, el último completo antes de que abandone la residencia de Los Pinos. Marzo fue el que más homicidios dolosos registró desde la llegada de EPN. Como lo fueron primero febrero y enero. En esta ocasión, se tienen constancia de 2.020 asesinatos. La barrera de los 2.000 no se superaba desde 2011, siendo presidente Felipe Calderón, el mandatario que ordenó sacar al Ejército a las calles hace ya más de 10 años y cuya guerra contra el narco lejos de ser eficaz ha dejado más de 100.000 muertos y 30.000 desaparecidos.

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, en sus siglas en inglés), en su informe anual, situaba a México como el segundo país más violento del mundo, con 23.000 asesinatos, solo por detrás de Siria, con 50.000 y antes que Afganistán e Irak, con 17.000 y 16.000 respectivamente.

El organismo británico ahonda en el incremento de un 22,8% del crimen en el último año, lo que considera un deterioro en una de las principales promesas de campaña de Peña Nieto. Además, recuerda que México ha sido incapaz de sacar adelante la Ley de Seguridad Interior, una hoja de ruta para la actuación de las fuerzas armadas y federales en el combate al crimen organizado.

El estudio del IISS creó revuelo en México. El Gobierno rechazó las conclusiones por considerar que utiliza cifras “cuyo origen se desconoce”, refleja estimaciones basadas en “metodologías inciertas” y aplica términos jurídicos de manera equivocada.

Tanto la Secretaría de Gobernación como la de Relaciones Exteriores  consideran “irresponsable e incorrecto” el término de conflicto armado con el que el IISS cataloga la violencia en México.

“Tenemos un problema de violencia gravísimo, también de impunidad, pero el estudio se basa en datos absolutos, no tiene sentido”, asegura el analista de seguridad Alejandro Hope, quien, en ningún caso, infravalora la creciente ola de asesinatos.