Menos de dos meses después del esperado inicio de la venta de marihuana en las farmacias uruguayas, la más total incertidumbre rodea el proceso de legalización más ambicioso del mundo, debido a la intervención de los bancos internacionales, especialmente estadounidenses.

La demanda de las dos variedades de cannabis distribuidas por el Estado uruguayo iba en aumento, así como el registro de compradores, que superó las 13.000 personas. Un éxito. Y entonces llegó el anuncio de que una de las farmacias de Montevideo renunciaba a expender marihuana después de que su banco, el Santander, amenazara con cerrarle la cuenta.

Poco después se daba a conocer que otras entidades, como Itaú (Brasil) habían cancelado las cuentas de las empresas privadas que tienen la concesión de la producción de la marihuana y de algunos clubes cannábicos.

El estatal Banco República (BROU) pareció poder hacerse cargo de la situación, proveyendo sus servicios a las 15 escasas farmacias involucradas en el proceso, a los productores y a los clubes. Pero al poco tiempo se daba a conocer que Bank of America y Citibank habían advertido que dejarían de operar con el BROU si mantenía esos servicios.

Según la legislación estadounidense, manejar dinero proveniente de la marihuana es ilegal y atenta contra las medidas para controlar el lavado de dinero y los actos terroristas.