El Gobierno turco ha ordenado la destitución de otros 8.390 funcionarios y el cierre de 80 asociaciones, en el marco de la campaña de purgas llevada a cabo tras el golpe de Estado fallido del pasado 15 de julio, en el que murieron 240 personas. Según tres decretos publicados ayer, los despidos afectan a 63 instituciones estatales. Con esta nueva purga son ya más de 100.000 las personas suspendidas de sus cargos por sus supuestos vínculos con el golpe.

Se ordena además el cierre de 63 asociaciones por desarrollar actividades que afectan a la seguridad del Estado. Uno de los decretos estipula además que aquellos turcos que no respondan a una citación para declarar en el marco de la investigación por el fallido golpe de Estado podrían perder su nacionalidad.

Los turcos laicos se sienten amenazados no sólo por las políticas conservadoras del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sino ahora también por los ataques terroristas del Estado Islámico, como demuestra el ataque al club Reina, que causó 39 muertes. El atentado fue precedido por columnas incendiarias en diarios afines al AKP y mensajes de las autoridades religiosas contra la celebración de cualquier festividad navideña como opuesta a los valores religiosos musulmanes.