TLAHUELILPAN
    •     Pide el MST no criminalizar a las víctimas del 18 de enero, y recordó que un grupo delictivo incitó a la población para que acudiera por combustible aquella fatídica tarde 


Francisco Chew Plascencia, dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST), a través de un comunicado dio un posicionamiento respecto a los sucesos registrados en el estado de Hidalgo en el marco de la lucha contra el robo de combustible y que dijo son consecuencia de la reforma energética.
 
Dijo que la tragedia de Tlahuelilpan del pasado 18 de enero ha enlutado al estado de Hidalgo, y por sus dimensiones es una de las mayores de que se tenga registro entidad y que ocurre en el marco de estrategia de lucha contra el robo de combustible que ha emprendido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y dada la polémica suscitada al respecto es necesario hacer un análisis y posicionamiento al respecto.
 
“El horror de las cifras habla por sí mismo 109 muertos, más de 70 personas heridas debatiéndose entre la vida y la muerte, y alrededor de 50 desaparecidos. Recordó que tras la ruptura del ducto se hizo por un reducido grupo delincuencial que incitó a la población a acudir, lo que provocó la presencia de entre 600 y 800 personas que acudieron con cubetas y bidones a tratar de recoger la gasolina que se estaba derramando de la fuga.
 
Aseguró que la composición que se observa de la gente que participaba del acto, era de transportistas, jornaleros, jóvenes, campesinos, mujeres y niños que por horas iban y venían de la derrama, hasta que cerca de las siete de la noche, ocurrió la tragedia.
 
Pero que en los últimos días a través de las redes sociales y de páginas que se caracterizan por difundir noticias falsas (Fake news) y guerra sucia, se ha emprendido una campaña para criminalizar a las víctimas y hacer escarnio de la tragedia y descalificar a las víctimas de un hecho tan doloroso, de forma ruin y cobarde.
 
Por lo que resulta importante realizar un análisis, como consecuencia de que la privatización y la corrupción son las dos caras de la misma moneda; toda vez que partir de la puesta en marcha de la estrategia de combate al robo de combustible que implementa el gobierno del presidente López Obrador desde finales de diciembre, establecieron en el diagnóstico de las perdidas por robo de combustible en PEMEX que tuvieron un valor de 66 mil 300 millones de pesos durante el año 2018.
 
Sumado a que el 80 por ciento del robo de combustible se producía dentro de las instalaciones de PEMEX, refinerías y centros de distribución, esto se hacia abajo la dirección de altos funcionarios de la empresa productiva del Estado, además de que existía una red de gasolineras y empresas del sector privado que comercializaban y/o utilizaban dicho producto a nivel nacional, ayudando además al lavado de dinero producto de esta actividad.
 
La ordeña de ductos mediante tomas clandestinas (huachicoleo) a la que durante años se le atribuyó el robo de combustible, solo representa alrededor del 20 por ciento del total del robo, y entre otras cosas ayudaba a ocultar la sustracción mayor desde dentro del sector público.
 
Pero que toda la situación es efecto de la Reforma Energética del 2013-2014, diseñada para desmantelar PEMEX y entregar la riqueza petrolera al sector privado, esencialmente a las empresas trasnacionales; y a la Reforma Fiscal diseñada para llenar el agujero que dejó en las finanzas públicas la reforma energética a partir de la creación e implementación del IEPS a los combustibles, y que generó un alza constante a partir del 2017 a partir de la liberalización del mercado de la gasolina y el diésel.
 
De ahí que la estrategia del nuevo gobierno ha logrado frenar el robo de combustible de manera importante combatiendo centralmente la red de corrupción al interior de PEMEX, pero en el caso de la ordeña de ductos la situación se ha tornado más compleja.
 
En el largo análisis del Movimiento Social por la Tierra se hace hincapié en que como resultado la situación generada por el combate al robo de combustible ha dejado un saldo positivo para las finanzas públicas y para PEMEX importante con la recuperación de alrededor de 10 mil millones de pesos en los primeros días de enero al evitar la sustracción de hidrocarburo que se hacía desde dentro de la empresa del estado donde se realiza el mayor quebranto, por lo que no descartan que la situación se dio a través de acto de sabotaje, luego de que en el caso de Tula el personal militar tomó el control de la Refinería los últimos días de diciembre de 2018, casi a la par de la de Salamanca Guanajuato.