NÚMEROS CLAROS
En noviembre de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto informó que en su segundo año de gobierno propondría al Congreso de la Unión una reforma orientada a actualizar y simplificar las leyes relacionadas al campo y a la industria agroalimentaria. El presidente dijo entonces que lo fundamental para ello era tener un moderno marco legal para dinamizar el sector agroalimentario y su gobierno estaba determinado a impulsar una gran reforma del agro mexicano, con el fin de poner al día las normas y reglamentos del sector, a fin de incentivar las inversiones, generar más empleos y elevar su productividad.
Con el objetivo de elevar la productividad, el presidente Peña Nieto había decidido reeditar la última de las reformas agrarias hechas en México, la efectuada por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1992, con el pretexto de que no habían resuelto los temas de la propiedad de la tierra y los derechos de propiedad. Aunque en realidad, por el corte de sus reformas, creo que las medidas estarían dirigidas a facilitar que las grandes empresas de la agroindustria se apropien de la mayor cantidad de tierras disponibles, considerando que están improductivas o trabajadas de manera ineficiente.
En todo caso, la reforma del sector agropecuario sólo ha quedado en la convocatoria hecha por la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) a la realización de foros y propuestas de proyectos, por parte de los secretarios de agricultura de los estados de la federación. Sin duda, este no es un tema de menor importancia para el país. No se trata del sector energético que ha cobijado una reducida aristocracia obrera y la corrupción durante años, distribuyendo excedentes entre los estados de la federación que se han esfumado entre las cuentas de los gobiernos.
El sector agropecuario, sobre todo la tenencia de la tierra ha sido la fuente de muchas revueltas sociales en México; uno de los orígenes de la revolución mexicana de 1910. En la coyuntura actual, quien quiera profundizar la inconformidad existente en México, y arrastrar al país a una nueva revolución, sólo tiene que empujar al gobierno federal a que cuestione la tenencia de la tierra en el país, y obtendrá de ello la reacción violenta de millones de mexicanos. Por pequeña que sea la propiedad que posee, ningún mexicano va permitir que cuestiones sus derechos sobre ella.
Quizá por ello, esta reforma agropecuaria se ha ido diluyendo en foros y la presentación de proyectos; pero de los cuales, lamentablemente, pueden surgir más distorsiones y problemas de corrupción que beneficios para los campesinos y agricultores del país. Casos como la presa construida por el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, podrían multiplicarse.
La tentación de secretarios de agricultura y sus equipos, podría llevarlos a obtener los beneficios de una reforma agropecuaria, que en principio debería beneficiar a las grandes empresas de la agroindustria, pero que por falta de claridad en sus objetivos y de la planeación, bien podría ser una fuente más de corrupción.
En todo caso, desde el Estado donde anunció el presidente su proyecto de reforma del sector agropecuario, Veracruz, ayer lunes, en el segundo aniversario de la Cruzada contra el Hambre, éste ha destacado su nuevo enfoque sobre la política social que impulsa, el cual inició con los 7 millones de personas con problemas de alimentación, la promoción de la participación de grupos sociales en proyectos productivos, con el fin de mejorar las condiciones de vida de esas personas hundidas en la pobreza extrema, entre ellos los habitantes de la Sierra Tarahumara, de las sierras de Guerrero y Oaxaca, muchos de ellos ciegos por problemas d alimentación y salud.
Sin embrago, aún cuando los beneficios de la reformas son invisibles para la mayoría de los millones de hogares mexicanos, el presidente Peña Nieto ha dicho que los primeros días del año han permitido patentizar los beneficios de las reformas estructurales impulsadas por su administración.
En realidad, bajo la coyuntura económica internacional y la situación de inconformidad nacional, sería más prudente dejar de hablar de las reformas y esperar que éstas puedan llevar a los ciudadanos los beneficios prometidos; no tocar el problema de la tierra, al menos por ahora, para evitar que la violencia se multiplique y reine la ingobernabilidad en el país. Lo que podría traducirse como, no echar más leña al fuego por ahora de la que ya tiene la hoguera.
No se trata de volver a administrar al país solamente, dentro del inmovilismo, sino de ser prudente y respetar a los millones de mexicanos que hoy no tienen trabajo, alimentos suficientes en su mesa, ni condiciones de vida mejores que en los gobiernos anteriores. El insistir sobre beneficios “fantasmas”, inexistentes, a los mexicanos, sólo puede despertar el enojo y la violencia.
