En una espectacular operación, la Policía Federal de Brasil registró ayer la casa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y se lo  llevó a declarar como sospechoso de haber participado en una trama corrupta en la petrolera estatal Petrobras. Se trata del golpe más duro hasta el momento contra el exmandatario, sobre el que pesaban sospechas.

La fiscalía lo acusa, por primera vez, de ser “uno de los principales beneficiarios” de un sistema de desvío de dinero que “favorecía a empresas que se enriquecían a costa de la estatal” y que alcanza a políticos y partidos que obtenían financiación irregular. La supuesta red de corrupción de Petrobras, operativa entre 2004 y 2012, supuestamente desvió unos 3.200 millones de euros de la petrolera.

Los investigadores apuntan a la reforma de dos viviendas que frecuentaba Lula, pagadas por las constructoras Odebrecht y OAS, como una vía por la que el político recibió beneficios ilícitos. Las dos empresas están implicadas en la trama de corrupción de Lava Jato. En el caso de OAS, el comunicado que publicó la fiscalía este viernes calcula que OAS hizo reformas por valor de más de un millón de reales en el tríplex de lujo.

La macrooperación fue bautizada como Aletheia en referencia a la expresión griega que significa “búsqueda de la verdad”. En ella participaron unos 200 policías y 30 auditores de Hacienda. Al domicilio de Lula, en São Bernardo no tardaron en acercarse simpatizantes y detractores. El hijo de Lula, Fábio Luiz da Silva, también recibió la visita de agentes de la Policía Federal en su apartamento en el barrio de Moema.

Los efectos de la operación Aletheia pueden ser catastróficos para el Gobierno y para Lula, que tenía esperanzas de ser candidato a la presidencia en 2018. La presión fue creciendo en las últimas semanas sobre el expresidente de Brasil.