●    Gobierno utiliza de pretexto el presunto golpe de Estado para reprimir

En una rueda de prensa, ayer en Ankara, Kaye dijo comprender la necesidad del Gobierno turco de luchar contra las amenazas terroristas y golpista pero, advirtió, “esto no significa que el Gobierno tenga un cheque en blanco para hacer lo que le venga en gana y restringir la libertad de expresión”.

“Diría que mis conclusiones son bastante sombrías”. Con esta frase, el relator especial sobre libertad de expresión, David Kaye, enviado por la ONU a Turquía, resumía su semana de investigaciones en el estado euroasiático: “Creo que hay una sensación profunda de restricción a las libertades de opinión y expresión en todo el país”.
Desde el fracaso del golpe de Estado del pasado 15 de julio, la represión se ha exacerbado en Turquía. Unas 36.000 personas se encuentran en prisión y más de 150.000 empleados han sido expulsados de la Administración Pública. Si bien en un inicio, toda la oposición defendió al Gobierno democráticamente electo y apoyó su proyecto de actuar contra la cofradía del clérigo Fetulá Gülen –a la que se acusa de la conspiración y que antaño fue un estrecho aliado de los islamistas en el poder-, las purgas y detenciones se dirigen ahora hacia todos los sectores críticos de la sociedad turca. Algo que el oficialista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, han justificado en la necesidad de luchar contra los diferentes “grupos terroristas” que amenazan al país.