Entre líneas
El acceso a la justicia ante los tribunales -sean penales, administrativos, fiscales, electorales, familiares, civiles, mercantiles o laborales, incluso a través de la conciliación o mediación- es un derecho fundamental que tienen todas las personas, de acuerdo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce que aquella debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita.
Asimismo, para asegurar el acceso a la justicia en forma universal e inmediata, deben considerarse elementos esenciales como la justiciabilidad (esa capacidad y poder para reclamar sus derechos), disponibilidad (que existan tribunales o conciliadores tanto en zonas urbanas como remotas o rurales), accesibilidad (que el sistema de justicia sea seguro, adaptado y apropiado a las necesidades que harán frente a la discriminación –compuesta o interseccional-), y buena calidad (que implica que la justicia se imparta cumpliendo las normas internacionales de competencia, eficiencia, independencia e imparcialidad); todo lo cual encuentra su fundamento en los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura [resolución 40/32] y la Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, ambas emitidas por la Organización de las Naciones Unidas.
Dichas bases son exigibles para todas las personas que brindan este servicio público de impartir justicia, pero, como refiere el escritor estadounidense John Calvin Maxwell: se considera un buen líder “quien conoce el camino, hace el camino y muestra el camino”, por tanto, no basta con fungir en el puesto sino la vocación de servicio que se tenga para su buen desempeño y la capacidad de liderazgo.
Es así, que en el caso de Hidalgo, con la nueva representación del Poder Judicial, asumida por la Magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría, Presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia, se vislumbra una “época de luces” para la impartición de justicia en la entidad hidalguense, ya que cuenta con las características enunciadas que la identifican como una excelente lideresa.
Ello es así, porque además de cumplir con los requisitos legales necesarios para ocupar el encargo, que establece el artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, sus antecedentes laborales en la carrera judicial de cuarenta años, desempeñando funciones como Actuaria, Proyectista de Juzgado, Secretaria de Acuerdos de Juzgado y de Sala, Secretaria de Estudio y Proyecto en Sala, Secretaria General en materia Electoral, y Magistrada; su competencia profesional en materia jurisdiccional, virtud a los grados académicos que posee en ramas como derecho civil, derecho familiar, justicia alternativa y administración de justicia; y su honorabilidad al participar activamente como promotora de los derechos humanos de grupos vulnerables como las mujeres, al fundar el Refugio de Atención a Mujeres Víctimas del Estado de Hidalgo y Presidir la Asociación de Mujeres Universitarias A.C., coordinando el área de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia, en su momento, y comprometida activamente en la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C., refleja el empoderamiento de una mujer que ha trabajado arduamente para un proyecto más que personal, de justicia igualitaria social.
De ahí que, esa nueva cara de la justicia en Hidalgo, percibe lo que tanto merece la población hidalguense, al conocer el camino en el ámbito jurisdiccional desde los primeros hasta los últimos niveles, que ha construido durante cuatro décadas, y, sobre todo, al tener el ánimo de mostrar el camino a las generaciones futuras, a fin de promover la igualdad y no discriminación de los grupos en especial situación de vulnerabilidad.
Por tanto, se avecinan tiempos en que, como diría el célebre pensador chino Confucio: “Mejor que el hombre [la mujer] que sabe lo que es justo, es el hombre [la mujer] que ama lo justo.”