Opinión

La investigación sobre la intervención rusa en su elección no puede pararse

La decisión adoptada por Donald Trump de destituir al director del FBI, James Comey, está lejos —según todas las apariencias— de ser un acto de justicia; responde más bien a un nuevo intento del mandatario por entorpecer la investigación que puede comprometer su permanencia en la Casa Blanca.
El presidente anunció que prescinde de Comey pocos días después de que éste solicitara más recursos para investigar la intervención rusa en el proceso electoral de EU.
Comey ya estaba en el ojo del huracán tras ser acusado por Hillary de haber desempeñado un papel en la campaña al reabrir, a diez días de los comicios, una investigación contra la candidata demócrata sobre irregularidades en el uso de datos públicos en su correo electrónico privado.
Cabe preguntarse por qué un presidente que, por ejemplo, tardó literalmente minutos en destituir a una fiscal general por expresar su desacuerdo en público con su política migratoria necesitó meses para apartar de su cargo a Comey.
La alarma desatada en Washington tiene todo el sentido. Resulta muy difícil obviar que Comey era hasta hace tres días el máximo responsable de una investigación que puede desencadenar graves repercusiones políticas y estratégicas para Trump: la que estudia la relación -cada vez más evidente- entre su candidatura y el Gobierno de Rusia. En este contexto, resulta sintomático el adjetivo de nixoniana con que el senador demócrata Bob Casey ha calificado la destitución del director del FBI.
Aunque Trump sufra el “Síndrome adanista” de todos los populistas, debería saber que esto ya se ha visto antes en la política de EU. También Richard Nixon fulminó al funcionario encargado de investigar irregularidades en la elección presidencial. El resto es historia; Nixon terminó dimitiendo.
En muy pocos meses en la Casa Blanca, Trump se ha acostumbrado a moverse en límites de la ley. Pero la privilegiada posición de su hija y su yerno en el círculo presidencial, la teatral -aunque difícilmente creíble- renuncia a sus negocios privados, la guerra sin precedentes contra los medios de comunicación, la irresponsable utilización de delicados instrumentos legales como son las órdenes ejecutivas o el imprevisible y errático cambio de postura respecto a cuestiones internacionales no caen flagrantemente en la ilegalidad.
Sin embargo, obstruir una investigación -que en ningún caso debe ahora cerrarse en falso- sobre el proceso democrático más importante de EU es, sencillamente, un delito. Trump puede haber cruzado una línea sin posibilidad de retorno.