Según un reportaje de Animal Político, la cárcel de Tizayuca, donde se registró el más reciente incidente, es la segunda más sobrepoblada en el país, con 445%
Año con año, nuevos estudios advierten sobre la sobrepoblación, corrupción, autogobierno y violencia que se vive en los reclusorios del país. Año tras año alguna tragedia nos recuerda la gravedad del problema que nadie parece querer atender. Según la CNDH, en 2015 hubo 2,110 incidentes violentos en los reclusorios del país (entre riñas, homicidios, motines y abusos), 20% más que lo reportado en 2014. Este febrero, el penal de Topo Chico en Nuevo León fue el escenario del incidente más grave, en términos de vidas perdidas, de la historia reciente: un motín dejó 49 muertos y 12 heridos. Por lo menos 5 personas fueron calcinadas y una recibió un disparo de arma de fuego, las otras murieron a palos, o por armas punzocortantes. El incidente es uno de muchos que han ocurrido este año. El 2 de junio, en el mismo penal, otro motín dejó 3 muertos y 19 lesionados. El 13 de junio, en el penal de Barrientos resultaron heridas 15 personas (incluidos 7 elementos de seguridad) y seis patrullas dañadas, una de ellas quemadas. El 7 de julio, tocó en la cárcel distrital de Tizayuca, Hidalgo. Y seguimos contando.
Los centros penitenciarios tendrían que ser los lugares más seguros del país. Se trata de lugares amurallados donde el Estado controla —o se supone que controla— cada minuto de la vida de los internos: su comida, su convivencia, el acceso a información, el ingreso y egreso de toda persona u objeto. Pero en realidad son lo opuesto, territorios de desgobierno donde las reglas son creadas e impuestas por los internos y funcionarios de forma arbitraria y al margen de la regulación. La sobrepoblación, la corrupción y la falta de custodios provocan que, a pesar de existir todas las condiciones de vigilancia, no parezca existir el Estado.
Según un reportaje de Animal Político, la cárcel de Tizayuca, donde se registró el más reciente incidente, es la segunda más sobrepoblada en el país, con 445%. La peor, la Cárcel Distrital de Tepeaca en Puebla, tiene una sobrepoblación de 600%. Eso significa que en una celda para 4 personas, viven 24. Según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Rehabilitación Social, de las 389 cárceles existentes, 46% presenta sobrepoblación. Al sistema penitenciario le sobran 37,688 personas. Es decir, los recursos (camas, comida, agua, servicios de salud, trabajo, seguridad) asignados deben ser compartidos —o disputados— con 37 mil personas de más. El resultado es un mayor riesgo de incidentes de violencia, peores condiciones de higiene y más enfermedades para todos —sean procesadas o sentenciados, por delitos graves o delitos menores—. En síntesis, lo que tenemos es un desastre.
El debacle penitenciario, sin embargo, no puede entenderse sin mirar la forma en que pensamos y usamos el proceso y castigo penal. En teoría, nuestro régimen penal rechaza una función retributiva del castigo. No queremos venganza sino la prevención del delito a través de la reinserción social. Pero el proceso penal hoy, como antes, involucra un grado de devaluación y vergüenza de la persona señalada. Ya no marcamos las caras o manos de los señalados como escarnio, pero desterramos a los delincuentes —y sus familias— a ése mundo brutal que existe dentro de nuestras prisiones. Lo central de nuestro proceso penal parece ser el castigo, la devaluación de la persona. No es necesario además ser declarado culpable para merecer la pena, basta ser señalado como sospechoso. Hoy hay 105 mil personas en prisión que no han sido declaradas culpables de delito alguno. Quizás el entendimiento del proceso penal como represalia explica que para muchos mexicanos es aceptable torturar a una sospechosa, encarcelar a un procesado o ejecutar extrajudicialmente a un sospechoso. Hoy, como antes, la lógica del estigma y la venganza es lo que alimenta el proceso.
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