CONCIENCIA CIUDADANA
Acostumbrados a esa dinámica, los gobiernos del pasado, pero también los del presente, han intentado con todos los recursos a su alcance, someter la impartición de la justicia en sus respectivos espacios a su capricho personal.
Se han multiplicado en los últimos meses los casos en que las barreras impuestas por los poderes locales se han venido derrumbando ante el embate de personajes y grupos ciudadanos que, cansados de no encontrar justicia a sus demandas, han optado por recurrir a organismos internacionales buscando la protección de sus derechos y libertades y, a veces, hasta de sus propias vidas.
Así, los poderes locales van siendo limitados por otros de mayor alcance que, lejos de la influencia política o económica de los primeros, son capaces de equilibrar la forma en que los gobernantes tratan a sus ciudadanos.
Quienes gobiernan un municipio, un estado o un país como el nuestro, consideran con frecuencia que la obtención del ansiado cargo público les otorga no solo la honra de gobernar a sus coterráneos sino, además, de un “plus” que les concede la gracia de extender su poder más allá de lo que las leyes le permiten, encubriéndose con una zona de impunidad que los separa del común de los mortales. En Latinoamérica y en México, sabemos por experiencia que los gobernantes pueden hacer lo que les está prohibido a los demás ciudadanos, y que éstos terminan por aceptarlo, llegando hasta admirar y celebrar la prepotencia endémica de los gobernantes y de los afortunados que se mueven en su órbita.
Así, sabemos y aceptamos sin chistar que un gobernante cobre un sueldo estratosférico; que sus consortes, familiares y amigos gocen de los beneficios públicos; que cuenten incalculables fortunas que no corresponden a los ingresos obtenidos en el ejercicio de sus cargos y que al marcharse de éstos no sean llamados a cuentas por los desfalcos que dejan atrás.
Pero con ser repudiables, los beneficios extra-legales no son el peor efecto de la impunidad que protege a los gobernantes. Más allá de tales desmanes, están aquellos que se relacionan con el equilibrio que deben guardar en el ejercicio del poder frente a los derechos humanos y políticos de la población y el poder tremendo que cuentan como detentadores de la violencia del estado.
Acostumbrados a esa dinámica, los gobiernos del pasado, pero también los del presente, han intentado con todos los recursos a su alcance, someter la impartición de la justicia en sus respectivos espacios a su capricho personal. Y lo han logrado tan bien, que los poderes judiciales han alcanzado un grado tal de desprestigio que hasta un niño de diez años saber que litigar cualquier causa que involucre o incrimine a un ejecutivo, ha de reconocerse como perdida de antemano.
Lejos de considerar que esa distorsión de la justicia representa una maldición ineludible para México, algunos ciudadanos persistentes han buscado más allá de las instituciones mexicanas la justicia que éstas les ha negado. Y son ya varios y muy importantes los casos en que las autoridades internacionales les conceden lo que buscan con tanto anhelo.
Aunque no sucedió aquí, un caso que ha conmocionado a los mexicanos ha sido el de la defenestración y encarcelamiento del ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, producto de la investigación de una comisión internacional dirigida por la Organización de Estados Americanos, demostrando que la impunidad gubernamental en nuestros países puede ser investigada y llevada a juicio cuando se cuenta con la voluntad y la imparcialidad suficientes.
Siendo tan endeble como es la justicia local tanto a nivel nacional como estatal, lo mismo que se hizo en Guatemala ha de hacerse en México y con ese fin, se han dirigido tanto a la OEA como a la ONU en busca de justicia lo mismo los padres de familia de los estudiantes asesinados y desaparecidos en Iguala, que los padres de los niños muertos en la guardería de Hermosillo; periodistas perseguidos y otros ciudadanos como el general Rincón Gallardo, quienes solicitaron y obtuvo del mismo organismo la protección necesaria para salvaguardar su vida y sus derechos. Recientemente, la periodista Carmen Aristegui, anunció que interpondrá también ante la comisión mencionada una querella contra las autoridades judiciales mexicanas por haberse negado a considerar su despido del medio de comunicación en el que trabajaba como una violación grave a sus derechos humanos y su libertad de expresión.
Ante las sentencias favorables a los ciudadanos demandantes y desfavorables al gobierno mexicano, este ha reaccionado con soberbia y enojo, mostrándose indiferente y omiso a las sentencias de los tribunales internacionales. Y a pesar de que nuestro país es signatario de dichos organismos, nuestros gobernantes se montan en su macho con frecuencia intentando ignorar o descalificar las investigaciones y acuerdos que no le favorecen. Así, se demostró con el caso de la periodista Digna Ochoa, quien pese a ser protegida por la OEA, fue arteramente asesinada o la reciente investigación de la comisión de expertos que demostró la falsedad de las conclusiones con que la PRG intentó cerrar el caso de Ayotzinapa, a la que se ha intentado descalificar a fin de que el gobierno mantenga control de las investigaciones.
Así pues, la transición no será fácil, pero lo cierto es que la intervención de organismos internacionales en la protección de los derechos humanos, económicos y sociales de los ciudadanos mexicanos ha llegado para quedarse, aunque es de esperarse que las fuerzas primitivas darán, sin lugar a dudas una fiera batalla por mantener la procuración de justicia y los tribunales bajo su control. Pero, seguramente, al igual que otros en el mundo entero, los ciudadanos y las agrupaciones sociales de nuestro país, seguirán acudiendo a los organismos internacionales coadyuvando con ello al surgimiento de nuevas formas de relación entre el poder y la justicia en México. Y este, es un paso muy importante.