AGENDA EDUCATIVA
En la reforma educativa del gobierno anterior (2013-2018) la formación docente versus la evaluación docente formó una parte nodal de la política educativa. La evaluación docente se integró a la legislación educativa, lo que implicó modificaciones a la Ley General de Educación, la creación de nuevas leyes (Ley General del Servicio Profesional Docente) y atribuciones a instituciones, como la autonomía al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE).
En el gobierno actual (2018-2024) en la política y la reforma educativa, de alguna manera no hay evaluación docente con consecuencias punitivas (la pérdida del empleo) sino una especie de revaloración docente. En la reforma educativa en curso, se aprobó una nueva Ley de Revalorización de las Maestras y Maestros (la ley y su fecha de aprobación, el 15 de mayo del 2019, coinciden con la narrativa gubernamental), nació la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación (Mejoredu) y se creó la Unidad del Sistema para la carrera de Maestras y Maestros (Usicamm).
En los años de implementación de la reforma educativa actual, Mejoredu (DOF, 30 de octubre del 2019) tiene como uno de sus principios el reconocimiento de los maestros como “agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social”, y como uno de los objetos de acción clave “los lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio”.
La figura de Mejoredu parece profundamente relevante para la valoración del magisterio y conocer en qué condiciones se encuentran y cuáles son sus necesidades de formación docente. Sin embargo, los alcances de Mejoredu contrastan, por un lado, con los limitados resultados y valoraciones de estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas y formativas del sistema educativo, que son parte de su objeto de acción clave según marca su ley de creación.
Y por otro lado, contrasta la valoración del docente, a través de Mejoredu, con los recursos asignados a la propia Comisión; por ejemplo, en el año fiscal en curso (2023) solamente se le ha asignado alrededor de 629 millones de pesos para el cumplimiento de su objeto social, según el informe de los estados financieros y presupuestales al 30 de junio del 2023.
En el caso de Usicamm, se entiende que el objeto social de atención refiera a la valoración docente expresado en la admisión de éste al sistema nacional, la promoción vertical y horizontal, así como su reconocimiento simbólico y económico. Respecto al reconocimiento económico realizado por Usicamm, se advierte ya su figura como programa de estímulos económicos escalafonarios similar al programa de carrera magisterial creado en 1992.
Sin embargo, uno de los problemas de Usicamm es que su implementación fue tardía (aunque se creó en el 2019), y que en el marco del regreso a la nueva normalidad provocada por el covid-19 no hay el financiamiento suficiente. Lo cual se advierte por los recursos asignados por el gobierno federal con una cifra aproximada de 527 millones de pesos (según transparencia) para este año fiscal.
