Importante golpe asestó la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación de Hidalgo, ya que luego de cumplimentarse unas órdenes de cateo se logró el decomiso de 130 mil kilos de Gas LP, que se expendían de manera ilícita en ocho inmuebles de tres municipios de la entidad.

De ello la dependencia federal corroboró que las órdenes de cateo fueron otorgadas por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para investigar delitos previstos por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Por ello el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), procedió al inicio de la carpeta de investigación, que se generó como consecuencia de una denuncia anónima, mediante la cual se refería la existencia de varias empresas que vendían gas LP de manera ilícita, ya que no contaban con los permisos que emiten las autoridades competentes y sin las medidas de seguridad respectivas, lo que ponía en grave riesgo a la población.

Por tal motivo el MPF, con auxilio de la Policía Federal Ministerial (PFM), y de la Coordinación de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), llevaron a cabo las diligencias que sustentaron los hechos denunciados con actos de inteligencia.

Así los agentes federales con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), además de oficiales de la Guardia Nacional (GN), cumplimentaron la orden judicial en ocho inmuebles, que se encuentran ubicados en los municipios de Metepec, Cuautepec de Hinojosa y Mineral de la Reforma, en Hidalgo.

En estos sitios se aseguraron diversos objetos, entre ellos: tres armas de fuego, dos cargadores, 342 cartuchos, 130 mil kilos de gas LP, 34 vehículos tipo pipa, cinco autotanques, 27 vehículos de diferentes marcas, 420 cilindros de mismo tipo de gas; además, dos tanques estacionarios, una estación con regulación y mediación, un compresor eléctrico, 30 metros de manguera, dos CPU, dos terminales para cobro, una laptop y diversos documentos.

Finalmente los inmuebles que se aseguraron y se clausuraron, así como el gas, los vehículos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del MPF, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación para las actuaciones legales que corresponden.