“La sociedad ya no confía en sus instituciones.
Mira con recelo a los funcionarios públicos.
La gente siente desconfianza de quienes
estamos obligados, por la ley, a brindarle
seguridad en su vida, libertad y patrimonio.
Existe la percepción de que el enemigo
está ocupando las oficinas de gobierno”.

Yasmín Esquivel Mossa.
Presidente de la AMTCAEUM.   

“Los mexicanos parecieran encontrar sólo desolación en la cosa pública.  El Estado ha dejado de representar una respuesta a las añoranzas de bienestar, se ha vuelto un pesado y costoso espectador del acontecer social y económico de las personas.  Desgraciadamente, para la gente, el Gobierno ha dejado de ser un instrumento socialmente útil y pareciera transformarse en una pesada, costosa y abultada estructura que solo sirve para generar corrupción e impunidad”.

Estas recias palabras sirvieron de marco para el Congreso “Rumbo a la Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos” que durante los días 27 y 28 de abril se celebró en la Ciudad de Querétaro, con la presencia de la Maestra Areli Gómez González, Secretaria de la Función Pública del Gobierno de la República, del Magistrado Carlos Chaurand Arzate, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de otras importantes personalidades nacionales y de la representación de los poderes locales, cuyos titulares no asistieron.

Más de cien impartidores de justicia, de diferentes entidades federativas, estuvimos ahí para apreciar  la perspectiva general e intercambiar experiencias particulares en esta materia, cuya trascendencia jurídica y política es, hoy por hoy, pilar fundamental no sólo como propuesta de gobierno, sino también como pretensión de involucrar a la sociedad civil en este tema, que la angustia y atemoriza.  No se debe olvidar que en materia de seguridad, tan importante como la conducta es la percepción que de ella se tiene.

Los sistemas normativos de combate a la corrupción  se nutren en los paradigmas socráticos: “no hay hombres malos, sino ignorantes”; “la generalidad de los seres humanos nacen buenos, los malos son excepción”.  Este pensamiento fue válido en distintos momentos de la historia; pero en la actualidad, es su connotación individualista se sustituye por una visión corporativa; esto es, no se trata de una lucha de buenas contra malas personas, sino de todo un sistema de delincuencia organizada, compuesto por numerosas redes.  Estas complicadas estructuras, solamente pueden contrarrestarse con algo similar; en este caso el Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual un conjunto de dependencias e instituciones se articula para lograr un resultado integral, no fragmentario.  Su diseño, exige dotar de “Inteligencia institucional al país”.  La solución debe llegar a las causas, no quedar en los simples efectos.

En el caso concreto de la corrupción administrativa, existen desviaciones que no se califican como graves; en cambio otras sí lo son.  Identificados los transgresores cabe formular la pregunta que se hacían los ratones del célebre cuento: ¿Quién le pondrá el cascabel al gato?  En el Estado de Hidalgo, la nueva legislación faculta a la Auditoria Superior y a la Secretaría de la Contraloría para investigar y sustanciar las conductas consideradas como graves, que cometan los servidores públicos.  El ciclo estaría truncado si la presunta debilidad de quien se corrompe, no tuviera enfrente la fuerza de un gran corruptor; el cual pudiera ser un particular.  Ambos formarían parte de la misma cadena delictiva, aún cuando los roles pudieran invertirse.

Los tribunales administrativos, locales y federales, se obligan constitucionalmente a dar un paso más dentro de la añeja estructura de sus competencias.  Hasta ahora el concepto que la sociedad tiene de la corrupción, es que tan terrible cáncer es un delito sin víctimas concretas.  El reto es que la ciudadanía comprenda que todos sufrimos por ella.  Combatirla es algo más que dirimir conflictos individuales o defender a los particulares en contra del abuso de poder o del arbitrio sesgado de los funcionarios.  En adelante, también serán la última instancia al ejercer sus nuevas competencias para sancionar jurídicamente a las personas físicas y/o morales que se involucren en actos de corrupción administrativa.  Este campo, hasta hoy era propio y exclusivo del derecho civil.

Aún en tono festivo, mucho se comenta la Teoría de las tres H, la cual se ilustra, más o menos, en los términos siguientes: la instancia responsable de seleccionar los mejores perfiles para investirlos con togas de Magistrados o similares, interroga a los aspirantes: primera pregunta ¿Usted es honesto?, la respuesta será positiva en cien de cada cien casos; segunda pregunta: ¿Usted es honesto, honesto? El sentido de las respuestas, podría sufrir alguna variante; tercera pregunta: ¿Usted es honesto, honesto, lo que se dice honesto?…

Aunque es casi imposible, el Sistema Nacional Anticorrupción y sus correspondientes en los estados, necesitan funcionarios que indubitablemente presenten su tres de tres, en términos del relato anterior.

¿Será posible?  O tendremos que volver a las puertas del infierno para leer, junto a Dante Alighieri: ¡“Perded toda esperanza”!