Autoridades estatales señalaron que la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan es una localidad constantemente monitoreada debido al tema del robo de hidrocarburo, y no sólo por los hechos registrados el jueves, tras la muerte de dos personas que fueron quemadas vivas.

Se señaló que hace unos 10 días se realizó un operativo de tres días que dio como resultado el decomiso de hidrocarburo, pero reconocieron que vecinos del lugar le dan cierto respaldo a quienes actúan de manera “cobarde y traicionera”, y que en ese entendido el tema tiene que socializarse para no causar daño a la ciudadanía.

Aseguran que la comunidad se olvida de que la extracción ilegal de hidrocarburo es un delito del fuero federal, además de que causa daño a las tierras, medio ambiente y que genera otros delitos como el robo de vehículos, portación de armas y captación de jóvenes.

Puntualizaron que mientras haya consumo se seguirá registrando el robo de combustibles, por lo que Santa Ana Ahuehuepan se ha convertido en una zona de extracción ilegal de hidrocarburo.

Al abrir la conferencia en la que estuvo presente el secretario de Gobierno, Simón Vargas, el procurador en el estado, Raúl Arroyo, y el secretario de Seguridad Pública en la entidad, Mauricio Delmar, el alcalde, Ismael Gadoth Tapia Benítez, dijo que expresaba su total rechazo al hecho tan lamentable y reprobable que sucedió en la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan.

Tapia Benítez agregó que sin duda se trata de una situación que genera indignación por los acontecimientos que se dieron. Apeló porque ante los hechos lamentables se actúe de manera clara, contundente y apegados a la legalidad, por lo que reconoció el apoyo del gobierno del estado.

El secretario de Gobierno, Simón Vargas, informó que la instrucción del gobernador Omar Fayad ante los hechos fue que se iniciaran una serie de acciones con la finalidad de investigar y proceder de acuerdo a la ley. Refirió que lo sucedido en Santa Ana Ahuehuepan era un hecho lamentable y que motiva la intervención del Gobierno estatal y que la indicación del gobernador es que se lleve a cabo un trabajo coordinado en beneficio de la seguridad, legalidad y justicia.

Sentenció que no se tenía ninguna denuncia que acredite el dicho del robo de niños, por lo que pidió a los medios de comunicación hacer del conocimiento de la población en general, “que no es cierto este comentario y que son rumores infundados ya que no se tiene reporte ni denuncia de un hecho delictivo de esa naturaleza”. Recalcó: “Nadie debe hacerse justicia por propia mano, para eso están las instancias correspondientes”.

El secretario de Seguridad Pública, Mauricio Delmar, enfatizó en que en el estado de Hidalgo no se tiene denuncias por niños secuestrados o por quienes se los hayan robado, y que no se tratan de ocultar cifras, ya que en esos casos es un protocolo nacional el que se tiene que seguir.

Insistió en que los rumores son falsos y que lamentablemente ya cobraron vidas, por lo que ya trabaja en el tema con la Policía Cibernética para rastrear las cadenas, mismas que han causado miedo y generado una psicosis en la población.

El procurador Raúl Arroyo informó que de acuerdo a las facultades y restricciones del caso se inició la carpeta de investigación por lo que resulte de la muerte de un hombre en el lugar de los hechos y la de una mujer que murió en su arribo al hospital regional de Tula.

Señaló que su obligación, es continuar con la investigación hasta tener una hipótesis cierta que les permita ejercer la acción penal ante los tribunales para quien o quienes resulten responsables del o los delitos cometidos, de manera que los responsables sean presentados ante la autoridad jurisdiccional y el Ministerio Público.

Durante la conferencia el Procurador hizo mención en que tienen conocimiento del mal uso de las redes sociales, por lo que a través de la Policía Cibernética actuarán para llegar en esa línea a una posible conclusión.

El secretario de Gobierno recalcó que dentro del trabajo de investigación se agotaran todo los medios para ver que todos aquellos que hayan tenido alguna responsabilidad reciban el castigo correspondiente, “porque no es posible estar generando falsos rumores ni un ambiente de alarma mayor cuando no es el caso”.

Se precisó que a través de la Fuerza Especial Conjunta en las últimas seis semanas, se llevan más de 600 mil litros de hidrocarburo puestos a disposición de la autoridad federal, además de 627 vehículos irregulares y el cierre de 22 centros donde expenden bebidas alcohólicas.

COMUNICADO DE PERIODISTAS

Periodistas de la zona Tula-Tepeji, recriminamos la amenaza que Fernando Cruz Rodríguez emitió contra nuestros compañeros: Marisol Martínez, reportera de Nueva Imagen, y Jorge Davish, director ejecutivo del portal Contrapuntos, además, lo hacemos responsable de cualquier agresión que sufran, ellos o sus familiares.

Como promotores de la libertad de expresión creemos que todos deben ejercer ese derecho, sin embargo, la información merece un trato prudente, por ello los periodistas buscamos siempre la profesionalización que nos permita dar un manejo objetivo y responsable de la información.

Bajo este contexto, exigimos y  pugnamos porque todo aquel que busque informar a la gente de manera masiva sea prudente y use información real, no rumores que puedan crear psicosis entre la población y derivar en hechos de violencia como el del linchamiento de dos personas en la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan.

Fieles a nuestra convicción consideramos oportuno señalar las acciones que aportan a la descomposición social y bajo este contexto, preocupados por la sociedad de la región Tula-Tepeji, nuestros compañeros sólo fueron portavoces de aquello que preocupa al gremio.

Pedimos garantías para realizar nuestro trabajo, por ello, exigimos que la Procuraduría General de la República  y la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), activen el protocolo de protección a periodistas y se inicie una carpeta de investigación por estos hechos.