Argentina ya no está en suspensión parcial de pagos. Ayer, viernes, el Gobierno de Mauricio Macri envió 9.300 millones de dólares a las cuentas bancarias de los fondos buitres, como se llamó al 7% de los acreedores que rechazaron la reestructuración negociada en 2004 y 2010, que llevaron su reclamo a tribunales de Nueva York. “El pago a los holdouts es parte de la normalidad. Esto es el final de un camino muy largo y de un recorrido que no debería haber existido”, dijo el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay.

Con este pago el país sudamericano deja de ser un paria en los mercados de capitales. Muestra de ello ha sido la recepción de los bonos emitidos para saldar las deudas: el Gobierno recaudó 16.500 millones de dólares a una tasa promedio de 7,2, una cifra más baja de lo esperado pero todavía alta para el promedio del entorno regional. Unos 2.500 millones del excedente se usarán para cumplir con los bonistas “reestructurados” que no cobran desde 2014 por decisión del juez Thomas Griesa, quién priorizó el pago a los fondos buitres. El resto engrosará las reservas del Banco Central (BCRA) y “se utilizará para financiar el déficit” de las cuentas públicas, según el subsecretario de Financiamiento, Santiago Bausili.

Macri puso como prioridad de su gestión el fin del conflicto con los holdouts después de que su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), se negara a acatar una orden de pago emitida hace dos años por Griesa. El kirchnerismo asumió la negativa como una cuestión de “soberanía nacional” y Griesa declaró a Argentina en desacato. Sin acceso al crédito internacional la solución fue la financiación interna, una estrategia que se agotó cuando se redujo el ingreso de dólares por exportaciones, producto de la caída de los precios de las materias primas.