APRUEBAN ACUERDO ECONÓMICO
- Presentan Ramiro Mendoza y Juan Carlos Robles iniciativas de reforma
Para fortalecer la confianza ciudadana en sus gobernantes, garantizar una mejor atención, así como el seguimiento al quehacer político y administrativo en los municipios es necesario concretar procesos de entrega – recepción tanto financieras y documentales apegadas a la Ley de Archivos del Estado y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para Hidalgo.
Así coincidieron las y los integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo durante la sesión ordinaria al aprobar por unanimidad el acuerdo económico presentado por el diputado, Rosalío Santana Velázquez, y que fue leído en tribuna por el también legislador, Guillermo Bernardo Galland Guerrero.
“Nos encontramos a meses de que inicien formalmente procesos de entrega – recepción de las administraciones municipales, por lo que es importante solicitar sea informado este Congreso sobre los avances y control que se realizan, toda vez que en experiencias anteriores ha habido mal uso, ocultamiento o destrucción de información y documentos durante la transición gubernamental”, expuso Galland Guerrero.
Por ello, las y los diputados solicitaron a los 84 ayuntamientos hidalguenses que con la finalidad de garantizar el cumplimiento eficiente, legal y honesto se apoyen del personal de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) para la obtención de resultados y sea conformada una comisión de regidores encargados de dar seguimiento a la integración de los expedientes.
Durante la sesión ordinaria de este martes 12 de abril el diputado, Ramiro Mendoza Cano, presentó una iniciativa para reformar el artículo 142 de la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo, a fin de establecer que los Centros para la Rehabilitación de Personas con adicciones no deberán discriminar a las personas bajo ninguna circunstancia.
Señaló que el texto deberá quedar “en estos establecimientos se garantizará el respeto alos derechos humanos y a la dignidad de las personas, teniendo comunicación con el exterior, quedando prohibido cualquier acto de discriminación basada en origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, estado civil, también cualquier agresión física, moral o psicológica, tortura, mutilación, abuso sexual, así como toda conducta que atente contra la vida o la integridad de las personas”.