El ejercicio de la soberanía de un Estado democrático de derecho es la salvaguarda y protección de los Derechos Humanos, pues es precisamente lo que le da origen y fundamenta su existencia frente a sus habitantes y el mundo.
Más aún en una situación como la del pasado 13 de septiembre, donde miembros del ejército egipcio arremetieron con todo el poder de su armamento contra turistas mexicanos insertos en su territorio, específicamente en el desierto de Darb Al-Wahat, con el argumento de que realizaban en ese instante una “operación antiterrorista” y los confundieron con un campamento de yihadistas del autodenominado Estado Islámico.
A pesar de lo contradictorio de las versiones y con el correr de los días, se consolidó aquella que afirmaba que fueron las fuerzas armadas egipcias las que actuaron y arremetieron contra este grupo de personas bajo dicho argumento.
Hechos como los antes mencionados, motivaron que desde abril del año 2013 un servidor realizara un análisis de la legislación nacional, a fin de determinar y proponer aquellas modificaciones y normas que permitan a las y los mexicanos en el extranjero acceder de manera inmediata a los mecanismos de protección y apoyo de las representaciones diplomáticas de México.
Cabe mencionar que en el Senado de la República todavía se tiene pendiente la discusión y aprobación de una Ley para la Protección de las y los Mexicanos en el Exterior que elevaría a rango de ley superior lo que actualmente se encuentra en programas, manuales y lineamientos de protección consular para evitar que se conculquen aún más los derechos de nuestros connacionales.
Una Ley que, a partir de su propio diseño permite a la autoridad una correcta interpretación de canales de acción, procesos, mecanismos de coordinación y, sobre todo, dota a los mexicanos que se encuentren en otro país, independientemente de su estatus migratorio, de la debida protección del Estado mexicano en situaciones donde su patrimonio, libertad e incluso su vida estén en peligro.
Armoniza en sus contenidos conceptos, definiciones y acciones que hoy se encuentran dispersos en distintas normas y que permite que sea en un solo cuerpo normativo donde cualquier mexicana o mexicano encuentre una clara y concreta serie de garantías y beneficios que protejan sus derechos universales.
No obstante, no se le ha brindado la relevancia correspondiente al asunto legislativo en comento. Tan es así que no se ha podido consolidar la aprobación y emisión de la Ley de Atención y Protección de las y los Mexicanos en el Exterior pues existieron opiniones contrarias en relación a su viabilidad financiera, así como la sobrelegislación que recaería en la homologación de toda la regulación existente en cada una de las cancillerías y embajadas existentes.
Como Senador de la República recomiendo utilizar todos los mecanismos de cooperación con los que cuente el gobierno mexicano, a fin de agotar los canales institucionales, e incluso se ejerza presión política y se alce la voz ante organismos internacionales para revisar en conjunto los protocolos en materia de actuación militar y se investiguen los hechos, se prevenga cualquier caso y se castigue con una sanción ejemplar a los responsables de este “error” que costó la vida a ocho mexicanos.
Siendo nuestra tarea, buscaré reencauzar la discusión de normas como la antes mencionada, con el claro objetivo de que nuestros connacionales cuenten con mecanismos legales desde el orden jurídico nacional y tengan esa tan necesaria extensión de protección jurídica que lamentablemente hoy sólo opera bajo la característica de programas aislados sin soporte legal expreso.
Aprendamos de la tragedia sin perder de vista la exigencia de justicia y la indignación como país, al tiempo que legislemos para la protección y salvaguarda de quienes todavía se encuentran fuera de nuestro territorio.
Finalmente, y apelando a la conciencia internacional, es importante que nuestras autoridades diplomáticas den continuidad a las acciones emprendidas por los funcionarios egipcios, a fin de que se imparta justicia pronta y expedita, se repare el daño a los afectados y no quede en la impunidad el caso.
Twitter: @RabinSalazar
Por Rabindranath Salazar Solorio
(Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores-Europa del Senado de la República)
Colaboración especial
AGENCIA EL UNIVERSAL