EN EL CONGRESO LOCAL
María Luisa Pérez Perusquía, ingresó un Juicio de Protección de Derechos Político Electorales ante el IEEH
La diputada local y coordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Luisa Pérez Perusquía, inició ante el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH) un Juicio de Protección de Derechos Político Electorales, mediante el cual se impugna la integración de comisiones dentro de la 64 Legislatura del Congreso local.
Lo anterior bajo el argumento de que en la reunión de la Junta de Gobierno en la que se realizó el acuerdo “nunca privilegió, buscó, ni impulsó el consenso político entre los integrantes de la Junta, para conformar un acuerdo”, según el documento que la diputada envió a los medios de comunicación.
“En consecuencia violenta los principios de igualdad, certeza, legalidad, pero sobre todo vulnera y anula el desempeño de la función representativa, porque toda afectación indebida a nuestros derechos de ejercicio y de acceso a la información atenta con el efectivo derecho fundamental a ser votado en su vertiente de ejercicio al cargo”, explicó la Pérez Perusquía.
De igual forma en el documento ingresado ante el TEEH, se explica que en la sesión referida de la Junta de Gobierno, se aprobó un orden del día que debió haberse proporcionado desde el momento de haberse hecho la convocatoria sumado a que no se encuentra contemplada en la orden del día la aprobación de ningún acuerdo económico y sólo se mencionaban “propuestas”.
Por lo anterior destacó “valiéndose de intereses propios, de su grupo legislativo y partido político, fue aprobado un acuerdo que propone al pleno del Congreso la integración de las primeras comisiones permanentes de estudio y dictamen por sólo tres integrantes de la Junta de Gobierno”, con lo que aseguró que se faltó al principio de certeza porque no se conoció previamente y porque no se otorgó claridad y seguridad jurídica el orden del día.
Finalmente el documento señala que al no estar contemplado este punto en la orden del día, y que no hubo modificación a esta orden para su discusión y aprobación, los diputados no conocieron su contenido, sus alcances y repercusiones, “en consecuencia es un acuerdo emanado de la ilegalidad”, concluyó.
Cabe destacar que dicho acuerdo fue firmado por el diputado Ricardo Baptista González, del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Junta de Gobierno, así como la diputada Viridiana Jajaira Aceves Calva, del Partido Encuentro Social (PES) y Marcelino Carbajal Oliver del Partido Nueva Alianza (PNA).