En los pocos meses que lleva de gobernador Omar Fayad Meneses está teniendo dificultades para diferenciarse de su antecesor Francisco Olvera Ruiz, que acabó sucumbiendo en la crítica ciudadana por el mal gobierno en todos los rubros, principalmente en la corrupción generalizada. Sin embargo, es urgente que el nuevo gobierno determine si en el tema de la justicia habrá nuevas líneas o bien seguirá el “pan con lo mismo”.

 
En los primeros meses de este gobierno en el rubro de impartir justicia no solo se tienen los graves rezagos tanto en la procuración como en la administración de justicia donde se quedaron hondos problemas de violación de derechos humanos y falta del debido proceso, sino que directamente ya se suman otros casos graves de urgente atención como la desaparición forzada del profesor Jesús Hernández Castellano integrante de la CNTE en la región huasteca; y los crímenes de dos activistas en Ixmiquilpan a manos de cuerpos policiacos, donde hasta ahora no hay ningún informe ni responsabilidad.
 
En esta ocasión me voy a referir a un caso de justicia cotidiana, que involucra a las instituciones que deben de garantizar la procuración y la impartición de justicia pero que fallaron flagrantemente y que es un ejemplo de cómo la mala actuación de funcionarios afecta a los sectores de población más vulnerable, como son los pobres de la entidad, en donde “la justicia ciega” falla contra grandes sectores sociales desfavorecidos, que no tienen para acceder a la justicia.
 
Es el caso de Isaí Bolaños del Rosal, joven padre de familia, que su única culpa fue ser pobre y desempleado, y que fue utilizado como “chivo expiatorio” por “fuerzas del orden” para desviar la atención de los verdaderos responsables. Isaí fue detenido el 5 de julio de 2013 por agentes municipales de manera claramente irregular, por el delito de secuestro, violando sus garantías y derechos humanos.
 
En lo que se conoce como “delito fabricado” que empezó con la detención irregular y fue pasando por todas las intrincadas instancias donde ningún funcionario ni de la Procuraduría ni del Tribunal (TSJEH) se percató de un procedimiento amañado, que dejo a su familia e hijos en el abandono, por un delito que no cometió. El círculo vicioso de pobreza e injusticia que tiene un efecto multiplicador que corroe el tejido social.
 
A Isaí Bolaños se le acusó de participar en un delito múltiple de secuestro donde estaba involucrada la compra venta de drogas, y tal vez esta fue la razón de desviar la línea de investigación que se dio desde la policía municipal, llegó al Ministerio Público (M.P.) y este consignó de manera inmediata sin hacer su trabajo de valoración inicial de pruebas, y desde ahí empezó un vía crucis que lo mantiene ya casi cuatro años de detención injustificada.
 
La siguiente instancia fue la más drástica, es decir la más cruel, porque fue la encargada de sentenciar a un inocente. Se le radicó causa penal 136/2013 en el juzgado cuarto penal, en Pachuca, el proceso incoado generó innumerables vicios e irregularidades, como falsos testimonios, y uso de la tortura en varias ocasiones para forzar la autoincriminación. No obstante, las diversas acciones de la defensa, la jueza Ana Gabriela Ortiz Pacheco dictó una sentencia altamente desproporcionada e injusta por 40 años de prisión y penas económicas impagables de 3,500 días de salario, equivalente a $214,830.00.
 
La defensa de Isaí Bolaños del Rosal realizó una serie de acciones, interpuso queja ante la Comisión de Derechos Humanos (CEDH) que se estancó ahí; y apeló la sentencia, y el Tribunal lo devolvió para reposición del proceso, sin embargo hasta la fecha no hay avances. Los familiares han realizado protestas públicas y nadie hace caso.
 
En el marco de un “Nuevo sistema de justicia penal”, que ha resultado muy costoso y de dudosa eficiencia, es urgente la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJEH) para corregir y subsanar un grave error de violación de derechos humanos, pero aquí no cabe el clásico “Usted disculpe”, es necesario aplicar las nuevas reglas de la reparación del daño a Isaí Bolaños y su familia. El nuevo gobierno local, y sus instituciones, tienen la palabra.