Oposición arremete contra un decreto de Nicolás Maduro que obliga a trabajadores privados a trabajar en el campo

Ya no es suficiente con los soldados movilizados para plantar tomates en el Valle de Quibor. Según una resolución adoptada en el marco de la emergencia económica, las compañías privadas en Venezuela estarán obligadas a ceder a sus trabajadores para reforzar los planes del chavismo en el sector agrícola.

La medida del Ministerio de Trabajo, publicada en la gaceta oficial el viernes, dispone que las empresas públicas y privadas deberán darle al Gobierno la mano de obra requerida para «fortalecer la producción» agroalimentaria. Con ese fin, la cartera estableció un régimen especial para «todas las entidades de trabajo del país, públicas, privadas, de propiedad social y mixtas».

La resolución, de carácter transitorio, no detalla los mecanismos para la cesión de los empleados, ni los períodos en los que podrán ser reasignados.

Sin embargo, apunta que quienes sean elegidos deben tener «condiciones físicas adecuadas» y «conocimientos teóricos y técnicos» en áreas productivas. Los empleadores privados, mientras, no tendrán que asumir el pago de sueldos, pero sí las obligaciones vinculadas con el sistema de seguridad social. Los acuerdos salariales originales se respetarán, añade el texto.

El 12 de julio, Nicolás Maduro prorrogó 60 días el estado de excepción y de emergencia económica que rige en Venezuela desde enero, que le permite tomar medidas extraordinarias en materia social, económica y política. El país soporta una escasez del 80% de alimentos y medicinas que ha terminado por minar la popularidad del presidente, enfrentado a una ofensiva opositora para revocar su mandato presidencial.

La oposición no tardó en criticar la última ocurrencia del Gobierno chavista. Según el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, el decreto es una agresión a la libertad de trabajo.