SOBRE EL CASO UAEH
    •    Por ello, solicitaron a las autoridades competentes que la investigación se realice con apego a la legalidad y que se aplique la ley


“Nuestra postura como Grupo Legislativo del Revolucionario Institucional es a favor del Estado de Derecho”, puntualizó la diputada local María Luisa Pérez Perusquía, en representación de los legisladores del PRI, respecto al caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Agregó, “es un tema que ha llamado la atención en el país, ya que fue el nuevo gobierno federal quien diera a conocer un presunto esquema de corrupción multimillonaria… específicamente a su Patronato, ya que es el encargado de administrar, preservar, fortalecer y acrecentar el patrimonio de la Universidad”.
Explicó que en el tema específico de lavado de dinero, en el país se han creado normas legales y un conjunto de cuerpos especializados dentro de dependencias federales como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encargada de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Por ello, solicitaron a las autoridades competentes que la investigación por la UIF se realice con apego a la legalidad y de manera transparente; y que derivado de las investigaciones se deslinden responsabilidades, y en caso de haber alguna complicidad, se aplique la ley.
En tanto que para la máxima casa de estudios, solicitaron que acuda ante la unidad e instancias correspondientes para hacer las aclaraciones pertinentes; todo con la finalidad de conocer la verdad de los hechos.
Lo anterior fue mencionado, durante la sesión pública de la 64 Legislatura local, en donde se aprobaron por unanimidad las iniciativas de reforma constitucional referente a la creación de la Guardia Nacional, Prisión Preventiva Oficiosa y la Extinción de Dominio.
Dichas iniciativas tienen el propósito de combatir la corrupción, acabar con la impunidad, perseguir el lavado de dinero y debilitar al crimen organizado; de tal manera que con la reforma a los artículos 22 y 73 Constitucionales, mediante la figura de la extinción de dominio, se incautarán bienes derivados de los hechos de corrupción o actividades ilícitas, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con investigaciones derivadas de hechos de corrupción.
La segunda reforma al Artículo 19 Constitucional es en materia de prisión preventiva oficiosa, a quienes estén acusados de delitos como: Abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
Así como a quienes cometan delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como hechos de corrupción, feminicidio y robo a casa habitación.
Con la tercera reforma se crea la Guardia Nacional para enfrentar el reto de seguridad pública mediante una estrategia integral; figura que será de carácter civil, disciplinado y profesional.
Los dictámenes fueron turnados al Congreso de la Unión, por ser reformas constitucionales y entrarán en vigor, una vez que se cuente con al menos 17 estados que aprueben las modificaciones.