IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO

Datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), indican que México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente en mujeres de 15 a 19 años con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil, lo que conlleva a la morbimortalidad materna y fetal por su alto riesgo, preeclampsia, parto pretérmino, diabetes gestacional, además del aumento del índice de pobreza y marginación.

Por su parte, el Consejo Nacional de Población, señala que en México el 23 por ciento de adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años de edad, con edad promedio de 15.5 años con tendencia creciente a más temprana edad, debido a que más de la mitad no utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación, aunque la mayoría si conocen al menos uno de ellos.

Según la Organización de las Naciones Unidas, la salud sexual “es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, que requiere un enfoque positivo y respetuoso… así como la posibilidad de tener experiencias placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia”.

El concepto pone de manifiesto algunos aspectos como la madurez anatómica del cuerpo de mujeres y hombres para tener una vida sexual plena; el cognitivo y psicológico que considera la autoestima para poder desenvolverse y desarrollarse con plenitud y seguridad; y el social que influye en las concepciones propias de su cultura que, al no garantizarse, impactan en lo social y económico.

Las consecuencias socioeconómicas según el Fondo de Población de las Naciones Unidas del embarazo adolescente en México, alcanzan de 5 mil 885.5 millones de pesos anuales para atender embarazos y partos en adolescentes en materia de servicios públicos de salud, además de los ingresos de las familias y el acceso a oportunidades de nivel educativo, laboral, social y recreativo. 

La Organización de las Naciones menciona que quienes fueron madres en la adolescencia, con un 3.64 por ciento participan menos en el mercado laboral remunerado que quienes fueron madres en edad adulta; y en el desempleo es de 10.18 por ciento mayor de diferencia.

Respecto a los ingresos anuales de madres adolescentes, resultan 31.6 puntos menores de quienes lo fueron en edad adulta, impactando en un ingreso de 46 mil 627 pesos para las primeras, y de 68 mil 190 pesos para las segundas; esto sin dejar de soslayar las afectaciones en oportunidades educativas logrando el 6.68 por ciento de quienes obtuvieron un título profesional o posgrado, en contraste con un 22.18 respectivamente.

Este panorama afecta diferentes áreas de la vida, no sólo de quien procrea, sino también a las familias y sociedad en general, por lo que su atención debe ser multidimensional en políticas públicas y acciones afirmativas tendientes al fortalecimiento de derechos justos, inclusivos e igualitarios.

Por tanto, los gobiernos deben garantizar oportunidades educativas como pilar de crecimiento y cambios en las prácticas culturales, servicio de guarderías y centros escolares con horarios extendidos, apoyos efectivos de salud, oportunidades de empoderamiento económico, instituciones de atención jurídica, apoyos temporales que hagan a las mujeres sujetas de derechos, e instrumentos de protección social frente al desempleo, como los sistemas de seguros.