Por su destacada trayectoria académica y profesional, Gerardo García Silva asumió el cargo como nuevo Director del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
García Silva es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha cursado dos maestrías en la UNAM y en el INACIPE, con el grado académico de Doctor en Derecho con mención honorífica por la máxima casa de estudios del país; además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 1.
Como parte de su trayectoria profesional, ha desempeñado cargos como Analista Jurídico en la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Director de Servicios a la Comunidad en la Procuraduría General de la República; Director de Operación y Convenios y Coordinador de Asesores en la Dirección General de Coordinación Interprocuradurías de la PGR.
Asimismo, fue Director de Capacitación, Director de Investigación y Director Jurídico en el Instituto Nacional de Ciencias Penales; catedrático en niveles licenciatura, maestría y doctorado; y autor de diversos libros, entre ellos “El Nuevo Sistema de Justicia Penal”, de editorial Porrúa.
El Doctor García Silva se suma a los trabajos del Poder Judicial para que, a través de capacitación y profesionalización en el quehacer jurisdiccional, se desarrolle un trabajo de mayor calidad jurídica y efectivo, que permita el fortalecimiento de la institución.
Es necesario fortalecer la escuela judicial, empoderar la carrera judicial, ser “escuela de jueces, secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas y actuarios”, con rubros como: argumentación jurisdiccional, redacción de sentencias en lenguaje ciudadano, valoración probatoria, oralidad en cada material- civil, mercantil, familiar, laboral y penal-; y, lo que implica, un Poder Judicial acorde a los retos que marca hoy un Sistema de Justicia basado en audiencias y guiado por principios de inmediatez, transparencia y continuidad, para lograr una tutela judicial efectiva a los derechos de los justiciables y con ello, insistir en la confianza de la ciudadanía en las decisiones judiciales, realizadas con apego a lo acreditado por las partes en un juicio, conforme a derecho.