Cuando el pasado 15 de enero la milicia yihadista de Al Mourabitoun, aliado de Al Qaida en el Magreb Islámico, asediaba un conocido hotel de la capital de Burkina Faso, Uagadugú, los gobiernos locales se vieron obligados a acelerar el paso a contrapié: A pesar de las advertencias previas en materia de inteligencia sobre el recrudecimiento de la amenaza islamista en la vecina Malí, poco o nada se había hecho para evitar el contagio regional.

Símbolo de esta falta de entendimiento, solo dos días después del ataque, ambos países anunciaban su decisión de comenzar a coordinar esfuerzos para hacer frente a los grupos yihadistas que operaban en su territorio. Por supuesto, no se especificó ni un solo detalle de esta colaboración.

«Hay una muy fuerte voluntad política por parte de los dos Estados de combinar nuestros esfuerzos para combatir el terrorismo», aseguró de forma sonrojante el primer ministro burkinés, Paul Kaba Thieba Thieba, junto con su homólogo maliense, Modibo Keita, en el hotel Splendid, marco de una tragedia que se cobró la vida de 28 personas.

Posteriormente, sería la Unión Africana quien hacía suyo el interés en la creación en Malí de un operativo contra el terrorismo que sirviera de apoyo a las tropas de Naciones Unidas desplegadas en el país.