Un total de 846 funcionarios públicos, principalmente del sector educativo, incumplieron con la obligación de realizar su declaración patrimonial enmarcada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Cabe destacar que de acuerdo a la normativa, la omisión a la presentación de declaraciones patrimoniales, conlleva a sanciones por la comisión de una falta calificada como No Grave. 

En ese sentido, el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece las sanciones que podrán imponerse, entre ellas, amonestación pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión, de uno a 30 días; destitución o inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, de 3 meses a un año.

Sin embargo, en el caso de los 846 funcionarios omisos a su obligación, y con base a la Ley el Órgano de Control realizará un exhorto para que el servidor público omiso justifique su falta en un máximo de 30 días posteriores al cierre del sistema.

Lo anterior, derivado del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación.

A través del cual se estableció la obligación de todos los servidores públicos de presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes, en los términos que determine la ley.

Bajo esa visión, la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo, a cargo de César Román Mora Velázquez llevó a cabo, en el mes de febrero, una firma de convenio con el Gobierno de la República a través de la Secretaría de la Función Pública, con la intención de implementar las Tecnologías de la Información y los formatos adecuados para facilitar el cumplimiento de la Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de Intereses 2021. 

Cabe destacar que con la firma del convenio el estado de Hidalgo permite la adopción de mejores prácticas para fortalecer la gestión pública, transparencia y cultura organizacional, misma que es reconocida por el Gobierno de la República,

Es así como, a partir del presente año 2021, los servidores públicos del Poder Ejecutivo realizaron su obligación de declarar su patrimonio a través de la plataforma DeclaraNet que es el medio electrónico de recepción de declaraciones patrimoniales desarrollado por la SFP.

En este sentido, 84 mil 715 servidores públicos presentaron en tiempo y forma su declaración en el mes de mayo y 846 fueron omisos ante esta obligación, mismos que su mayoría corresponden al rubro educativo.