SE LES RELACIONA CON HUACHICOLEROS
Se argumentó que la separación de dichos mandos de sus respectivos cargos, obedeció a renuncias voluntarias y por la baja productividad en sus desempeños
De manera extraoficial ayer se conoció que varios funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, fueron separados de sus cargos, luego de que se les relaciona de mantener nexos con un grupo dedicado al huachicoleo que opera en la entidad.
Presuntamente, los subprocuradores Mario Rico Moreno y Julio Trujillo, así como el titular de Justicia Restaurativa, Eduardo Cabrera y el primer comandante de la Policía Investigadora, Arturo Cruz Rosales, son los que fueron dados de baja de la institución dedicada a la procuración de justicia en Hidalgo.
Así mismo, se argumentó que la separación de dichos mandos de sus respectivos cargos obedeció a renuncias voluntarias y por la baja productividad en sus desempeños.
No obstante se sabe de manera extraoficial que estos personajes, así como otros empleados son investigados por la Fiscalía General de la República, por presuntamente brindar protección a un grupo dedicado a la ordeña de hidrocarburo en Hidalgo.
Entre los señalamientos que se hacen en contra de los funcionarios se cuenta que hicieron pagos en efectivo a un jefe de la Policía investigadora, quien a su vez entregaba parte del dinero a sus mandos y a un subprocurador.
De ello, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, corroboró que sí hubo dos renuncias que presentaron, el subprocurador de la Región Poniente, así como el de Derechos Humanos y servicios a la comunidad, que son Mario Rico y Julio Trujillo.
De acuerdo a una investigación realizada por un medio periodístico a nivel nacional, Comandantes ministeriales y hasta un subprocurador son los principales señalados en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que se nutren con información militar, de la Policía federal y testimonios de detenidos.
Así mismo se establece que los huachicoleros que operan en la entidad, cuentan con una red de piperos, bodegueros para acopiar y trasladar el combustible, franquiciantes y puntos de venta en todo el estado que, hasta enero, ocupaba el primer lugar en el registro de tomas clandestinas a nivel nacional.