Ciudadanos y economía sufren desde hace días las consecuencias de la oleada de protestas y bloqueos contra la reforma laboral, pero los sindicatos acaban de decidir apretar el acelerador. Las siete organizaciones promotoras de la revuelta, con el sindicato CGT a la cabeza, acordaron “continuar y ampliar las movilizaciones”.
e organizaciones promotoras de la revuelta, con el sindicato CGT a la cabeza, acordaron “continuar y ampliar las movilizaciones”.
Enfrente, el Gobierno y en el Partido Socialista muestran discrepancias entre quienes se inclinan por ceder, como el jefe del grupo parlamentario, y los partidarios de la firmeza, como el primer ministro.
Los siete sindicatos exigen ser recibidos por el presidente François Hollande. Esta exigencia muestra que ya no consideran interlocutor válido al primer ministro, Manuel Valls, que medita su posible dimisión, según afirman analistas, en el caso de que haya excesivas concesiones a sindicatos. Máximo defensor de la reforma, Valls se opone a más rebajas de las ya concretadas sobre el proyecto original.
No es la opinión de otros miembros del Ejecutivo ni del grupo parlamentario socialista. Su jefe, Bruno Le Roux, es partidario de dulcificar el clave artículo 2 del proyecto, según el cual los acuerdos de empresa tendrán más fuerza legal que los firmados en un sector concreto. El artículo marca un cambio radical en la legislación laboral clásica.
El ministro de Finanzas, Michel Sapin, también ha señalado la posibilidad de “modificar” ese artículo, pero luego precisado que está en la misma línea de “firmeza” que Valls, quien ha dicho que no se negociará ese artículo. Si finalmente fuera edulcorado, el primer ministro se vería obligado a meditar su marcha del Gobierno. Y aún más si se retira el texto, que es la exigencia de los sindicatos y la opción por la que se inclinan los diputados rebeldes del gubernamental Partido Socialista.
Hollande dijo ayer desde Japón, en la cumbre del G 7, que “el diálogo siempre es posible”, pero que no puede estar basado en el “ultimátum” que plantean los sindicatos. “No se puede aceptar que haya un sindicato que diga que no respeta la ley”, señaló el mandatario en referencia a la CGT. Aseguró estar dispuesto a “hace todo para asegurar el buen funcionamiento de la economía” y, por tanto, a forzar la llegada de combustible a las gasolineras, garantizar el funcionamiento de las centrales nucleares y levantar las barricadas en las carreteras o ante estratégicos centros de producción y logística