Lucha contra el Estado Islámico

• Consenso político y ciudadano sobre las medidas excepcionales que reclamaban la derecha y la ultraderecha

La firmeza mostrada por Hollande, así como su exposición pública también para encabezar el duelo nacional, le han reportado el alza de popularidad más espectacular de un presidente de la República francesa en ejercicio

En las tres semanas posteriores a los atentados del 13 de noviembre, el Gobierno socialista de François Hollande ha lanzado una decena de bombardeos en Siria e Irak, ha realizado 2.000 registros sin mandato judicial, ha hecho 210 detenciones y ha cerrado tres mezquitas salafistas. Ahora se dispone a cambiar la Constitución para, entre otras cosas, retirar la nacionalidad a yihadistas con doble nacionalidad aunque hayan nacido en Francia y poder mantener ciertas medidas tras el fin del estado de excepción. Hay pocas voces críticas frente a la dureza antiterrorista. El parlamento ha ratificado casi unánimemente las medidas y la popularidad de Hollande se dispara.

La mejora en el índice de aceptación de Hollande no tendrá una repercusión directa en las próximas elecciones regionales del 6 de diciembre, donde se espera el hundimiento de los socialistas, pero ratifica que Francia responde al unísono a un presidente convertido en jefe de guerra. Durante el estado de excepción vigente se han requisado ya 320 armas, además de asaltar el apartamento en el que se escondían parte de los terroristas del 13 de noviembre, donde planeaban otro atentado en el barrio financiero de París de La Défense.

La policía, además de haber registrado una treintena de lugares de culto musulmán, ha cerrado esta semana tres mezquitas por radicalización y, en paralelo, el Gobierno prepara nuevas medidas legales del agrado del Frente Nacional, como ampliar la posibilidad de retirar la nacionalidad a los yihadistas con doble nacionalidad aunque hayan nacido en Francia. Es un proyecto que inquieta a la izquierda radical, pero también a algún socialista, como Daniel Goldberg. “No votaré a favor”, ha advertido. Frente a las escasas críticas, el Gobierno está a la ofensiva también en el terreno dialéctico: “El estado de excepción es para defender la libertad”, asegura el primer ministro Manuel Valls.