CONCIENCIA CIUDADANA
Este sainete solo servirá para demostrar su verdadera intención: Jalar hacia su molino a una ciudadanía cada vez más alejada de la clase política aunque incapaz de lograr una organización suficientemente poderosa para ponerla en su sitio
Como sucedió con la desaparición del fuero de los diputados denunciada por ésta Conciencia Ciudadana como un golpe letal contra la esencia misma del poder legislativo, la que ahora están impulsando los partidos PRD, PAN y NUEVA ALIANZA secundados por el PRI a nivel federal es otra trampa en contra de la tambaleante democracia mexicana que, desafortunadamente no está siendo apreciada en su justa dimensión por amplios sectores de la opinión pública.
Acicateados por los efectos de los últimos fenómenos naturales, que se cebaron contra gran parte del país en un breve lapso de tiempo dejando una estela de muerte y destrucción, entre los sectores más empobrecidos de la población y ante la avalancha de críticas por la inadecuada e insuficiente respuesta de los gobiernos locales y federal los partidos políticos, enfilados ya hacia la elección del próximo año y ávidos de recobrar la confianza ciudadana perdida a lo largo de los últimos años, idean una maniobra propagandística desesperada al proponer la eliminación de los apoyos financieros a las campañas políticas con el fin, dicen, de canalizarlo al auxilio de los damnificados.
Como se sabe, fue el partido MORENA en voz de su dirigente Andrés Manuel López Obrador quien anunció, antes de presentarse el terremoto del 19 de septiembre pero después de los estragos causados por el del 7 del mismo mes y los huracanes que destrozaron grandes zonas del sureste mexicano, que donaría el veinte por ciento de sus prerrogativas electorales del próximo año a la ayuda de los damnificados de esas zonas. Como también es sabido, la respuesta de las autoridades electorales fue negativa, argumentando que dichas prerrogativas son intransferibles e irrenunciables, por lo que en contra de su voluntad MORENA tendría que acatar las disposiciones legales que le impedirían dedicarlas a los fines citados.
Rebasados políticamente por la iniciativa de López Obrador, los partidos que lo reconocen como su principal adversario lanzaron una oleada de críticas contra el tabasqueño acusándolo de oportunista y demagogo, sin que MORENA se echara atrás su propósito, asegurando que donaría un 20% de su prerrogativa aún en contra de las limitaciones legales que se lo impedían.
Pero con la sorpresa del temblor del día 19, cuyos efectos fueron tanto o más letales que los desastres inmediatos que lo precedieron, tanto el PRI como los partidos asociados en un supuesto Frente que irrita más que a ningún otro al partido tricolor, decidieron seguir los pasos de López Obrador, y en sentido contrario a las críticas vertidas contra éste, anunciaron que ellos también donaría una parte de sus multimillonarias prerrogativas; iniciativas a las que el desmemoriado presidente del Instituto Nacional Electoral respondió favorablemente de inmediato, fingiendo no recordar que pocos días antes le había negado tal derecho a los “morenos”.
A partir de contar con esa posibilidad y hasta el día de hoy, los partidos en cuestión han emprendido una carrera desaforada para convencer a la escéptica opinión pública quién de ellos es más generoso de todos. Primero, el PRI anunció que donaría el 50 por ciento de sus prerrogativas, aunque más tarde se supo que sólo se refería a las del 2017 y no a las del 2018 que son las más importantes por ser las destinadas a las campañas electorales. Pero para no quedarse atrás en la loca carrera por conquistar anticipadamente el favor de los votantes, el frente político PAN-PRD-MC, de plano propuso renunciar al presupuesto público. Al final de cuentas, todos terminaron por tomarse el asunto con calma convirtiendo su generosidad en una puja de ofertas donde cada uno pretende avasallar al enemigo sin ser afectados de manera sustancial en sus ingresos del 2018, que como se ha dicho, son los que financiarán las campañas políticas.
Como los locos, no hay partido que trague fuego y al final de cuentas, este sainete solo servirá para demostrar su verdadera intención: jalar hacia su molino a una ciudadanía cada vez más alejada de la clase política aunque incapaz de lograr una organización suficientemente poderosa para ponerla en su sitio.
Dejar sin financiamiento público a los partidos políticos es, en los hechos, dejar en la mano de la clase hegemónica (los diez hombres y mujeres más ricos de México), la decisión de quienes habrán de gobernarnos y dirigirnos en los próximos años; pues a falta de apoyo oficial, la lana privada terminará por fluir libremente apoyando en todos los partidos a los candidatos que le convengan. De plano y descaradamente, el control absoluto de la política por parte de los oligarcas, que ya de por sí hacen impunemente lo que les viene en gana.
Una salida posible es que las campañas políticas se reduzcan a una sola, organizada por el INE o los institutos estatales electorales según sea el caso, los que ya cuentan con la infraestructura y los recursos financieros (bastante generosos por cierto), para impulsar la participación ciudadana; por lo que, sin necesidad de mayor presupuesto, pueden organizar encuentros entre candidatos; dar voz a los partidos y candidatos en condiciones equitativas; publicitar el voto y promover la participación ciudadana, pudiendo apoyarse en acuerdos con instituciones universitarias, empresariales, sociales y comunales, etcétera que gustosamente brindarían su apoyo para hacer de la próxima una elección ejemplar.
Esto permitiría dar respuesta al anhelo actual de los partidos para disminuir sus presupuestos electorales, evitando el derroche de recursos públicos y el abuso de la costosa propaganda política que, al final de cuentas es tan inútil en término de persuasión de los votantes como eficiente para llenar los bolsillos de los políticos y sus propagandistas.
No nos chupamos tampoco el dedo, sabemos que el INE (y los II.EE.EE), no son instituciones inocentes y castas, pero en la situación presente, donde con o sin presupuesto público el dinero correrá como nunca en el 2018 (a sabiendas que será el Armagedón electoral del siglo), concentrar en ella la organización de las elecciones permitiría un mayor control político y ciudadano sobre el proceso que se avecina dejando fuera de la ley cualquier financiamiento ilegal, sea público o privado y sus efectos electorales.
La pregunta sería entonces ¿estarían dispuestos los partidos a que la institucionalidad electoral, último recurso al alcance antes del abismo, sea la encargada de coordinar el proceso y ésta de hacerlo con los recursos actuales y con respeto pleno de los derechos y obligaciones de todos los partidos y sobre todo, los de los ciudadanos?
Y SI, HAN PASADO TRES AÑOS Y SEGUIREMOS INSISTIENDO QUE VIVOS SE LOS LLEVARON Y VIVOS LOS QUEREMOS YA CON NOSOTROS.