ANÁLISIS
De vez en cuando aparecen artículos y manifestaciones sobre el rescate a los ahorradores (o inversionistas) de Ficrea. Una parte de ellos se manifestó hace unos días en el Zócalo capitalino para demandar el pago del 100% de sus depósitos.
El seguro del depósito sin embargo y como bien se sabe, sólo abarca 25n mil udis, a saber, alrededor de unos 131 mil pesos, mismos que se han pagado a los depositantes en estas semanas. Hasta aquí todo bien; la legalidad ante todo. No obstante, hubo quienes estiraron de más la liga; es decir, “ahorraron” mucho más que lo pretendido para estas instituciones, ya que se crearon para pequeños ahorradores, para otorgar créditos pequeños.
Ahora bien, los “pequeños ahorradores”, depositaron millones de pesos y como es lógico, demandan hoy y tras sonado fraude, que el Estado les reintegre el dinero completo… pero a costa de los contribuyentes, que dicho sea de paso, nada tenemos que ver en el asunto.
Desde que inició este problema, las cifras sobre el monto total de los depósitos de Ficrea que a manera de rescate de ahorradores devolverá el gobierno, ha variado. Así también lo han hecho los mecanismos para llevarlo a cabo.
En la reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, aprobada —e impulsada por varios diputados y senadores— el pasado 22 de abril por la Cámara de Diputados (falta la aprobación del Senado), se modifican ciertos artículos para prevenir que grandes ahorradores depositen en estas instituciones, y que haya una supervisión directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Además, en el artículo décimo transitorio, se especifica que los ahorradores defraudados de Ficrea tendrán derecho a recuperar sus depósitos hasta por un millón de pesos, más las 25 mil udis de seguro estipuladas por la Ley en vigor.
No cabe duda: la CNBV debe realizar la supervisión de manera directa, siempre y cuando tenga los recursos necesarios para hacerlo. En este momento no los tiene y será necesario dárselos. La lógica no asiste si se limita el monto de los depósitos de las personas, pues eso encarece el fondeo de esas instituciones y, por lo tanto, eleva la tasa de interés de los acreditados.
Que cada quien juegue su riesgo. El gobierno debe dejar el paternalismo de “proteger” a estas instituciones de ahorradores (o más bien inversionistas) que buscan estas opciones de inversión por ser más redituables que otras. Asimismo no debería elevar, en caso de fraude como el de Ficrea, el monto protegido por el seguro estipulado por la ley. Y es que el papel de padre sobra, cuando el rol debería ser sólo uno de supervisión y cumplimiento de sus obligaciones estipuladas por la ley, ni más, ni menos.
Pero eso no es todo. El problema es que, haciendo las cuentas con base en lo declarado por el secretario de Hacienda el pasado 13 de abril, de que el costo fiscal del rescate de Ficrea llegará a los 2 mil 600 millones de pesos (http:// eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/ 2015/04/14/gobierno-aportara-2600-millones-caso-ficrea), resulta que la cifra es tres veces mayor al costo promedio del rescate del Fobaproa (a precios actuales), más de quince años atrás.
Sí… leyó usted bien: el rescate de Ficrea es de 382 mil 353 pesos en promedio por cuentahabiente (2 mil 600 millones de pesos para 6 mil 800 depositantes), tres veces más caro que el Fobaproa que fue de 127 mil 272 pesos actuales por cada depositante (14.7 millones de cuentas beneficiadas, con un costo de 1,248.1 miles de millones de pesos de diciembre de 2004, traídos a pesos de abril de 2015).
No tiene justificación. No importa quiénes sean los beneficiarios. Aquí no está en juego el sistema financiero del país, ni la viabilidad económica de México, como sí ocurría a fines de los años noventa. Así de absurdo es el rescate de Ficrea.
Por tanto, señoras y señores senadores, los límites a los montos de los depósitos de los ahorradores deben eliminarse, de la misma forma que el artículo décimo transitorio de la nueva ley. Ya vimos esa película… y no gustó como para repetirse…
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(Agencia EL UNIVERSAL)