Argentinos no quieren perdón a represores
Una multitud se concentra en Buenos Aires en repudio a un fallo de la Corte Suprema que favoreció a un condenado
El beneficiado por el fallo ha sido un represor poco conocido, Luis Muiña. Nada más divulgarse el fallo, otros presos de más notoriedad, como José Luis Magnacco, ex médico de la tenebrosa Escuela de Mecánica de la Armada y condenado por robo de bebés, reclamó el beneficio de la ley “2×1” para lograr la libertad condicional. Su petición fue denegada pero abrió una caja de Pandora alarmante. Decenas de torturadores y genocidas podrían acogerse a esos beneficios
Modélica en el mundo por la recuperación de la memoria histórica y el castigo a los represores de la dictadura, Argentina alzó la voz ayer contra el fallo de la Corte Suprema que resucitó la semana pasada una ley obsoleta para favorecer a un condenado por delitos de lesa humanidad.
Decenas de miles de personas, muchas de ellas portando pañuelos blancos, colmaron la Plaza de Mayo de Buenos Aires para repudiar el fallo y unir sus voces a la de una clase política que de forma unánime aprobó en las últimas horas una ley para frenar los beneficios penales a los represores.
“Señores jueces: Nunca más. Ningún genocida suelto”, rezaba el cartel que presidía el escenario donde las dirigentes de las organizaciones de Derechos Humanos leyeron un comunicado en contra del fallo. Taty Almeida, figura histórica de Madres de Plaza de Mayo, resumió el malestar de la sociedad civil: “Nunca más a la impunidad, nunca más a los privilegios para los criminales de lesa humanidad, nunca más al terrorismo de Estado, nunca más al silencio. No queremos convivir con los genocidas más sangrientos de la historia argentina”.
La tormenta política desatada por el fallo de la Corte Suprema ha llevado al Gobierno de Mauricio Macri a reaccionar a toda velocidad para sumarse al rechazo general de la sociedad. El máximo tribunal argentino emitió hace una semana un polémico fallo en el que aplicó una ley derogada, vigente entre 1994 y 2001 y conocida como “2×1”, por la que se computan dos años por cada uno de prisión preventiva de los condenados.