En los próximos días un tribunal federal podría ordenar la liberación de 12 expolicías municipales de Cocula e Iguala, Guerrero, involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó invalidar las pruebas que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) reunió en contra de los expolicías municipales: Miguel Ángel Ríos Sánchez, Osvaldo Ríos Sánchez, David Cruz Hernández, Abraham Julián Acevedo Popoca, Jesús Vargas Rodríguez, Manuel Vázquez Chávez, Raúl Javier Crespo, Carlos Canto Salgado, Israel Dayán Arroyo Mendoza, Juan Carlos Beltrán Cruz, Ubaldo Toral Vences y Miguel Arias Topete.

La sentencia, emitida el pasado 28 de agosto, ordenó al Segundo Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito con residencia en Matamoros, Tamaulipas que valore si las confesiones de los exmandos sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, fueron obtenidas mediante tortura cometida por elementos de la Policía Federal y las Secretarías de Defensa Nacional y Marina.

El Universal informó que los hermanos Miguel y Osvaldo Ríos Sánchez, alias “El Pozol” y “El Gordo” respectivamente, declararon que los estudiantes fueron asesinados y posteriormente llevados a una fosa en la colonia Pueblo Viejo, ubicada entre Cocula e Iguala; sin embargo, ambos alegaron haber sido víctimas de tortura.

Otro de los declarantes que alegó haber sido torturado fue Carlos Canto, quien supuestamente reveló que los estudiantes fueron llevados a Mezcala.

Por ello, el Colegiado ordenó la realización del Protocolo de Estambul por peritos independientes a la FGR para determinar si realmente fueron torturados y qué declaraciones serán eliminadas del expediente por haber sido obtenidas mediante la comisión de este delito.

“Atendiendo al referido Protocolo de Estambul, los dictámenes deberán ser practicados por peritos que no pertenezcan a la institución ministerial, a las procuradurías estatales, o alguna otra de las dependencias a cuyo personal se atribuyen los actos de tortura (Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina Armada de México, entre otras)”, indica el resolutivo.

El Colegiado también ordenó volver a analizar si los expolicías fueron detenidos legalmente o, de lo contrario, podría dictar su libertad inmediata pues permanecen presos en Nayarit.

Según la sentencia, al momento de ser presentados ante el ministerio público, luego de su detención, los expolicías presentaban diversos golpes en clavícula, pecho, cara, oídos, costillas y espalda; así como escoriaciones en las muñecas, los dedos de los pies, abdomen y brazos.

Además, los imputados alegaron haber sido puestos a disposición fuera del término establecido en la ley, luego de su detención.

Este amparo se suma a las resoluciones favorables que recibieron otros 24 expolicías municipales que ya fueron liberados, según lo informado por la Fiscalía General de la República el pasado 14 de septiembre.

Las liberaciones tanto de exfuncionarios públicos como de supuestos integrantes de la delincuencia organizada han obedecido a la eliminación de al menos 60 pruebas recabadas por la FGR, en administraciones pasadas, sobre el caso Iguala.

A cinco años, Gobierno y FGR presentan informe sobre caso

A cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno federal presentó un informe del avance de la investigación que fue replanteada, en la cual no ha tenido resultados positivos.

Portando playeras alusivas a los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, encabezaron una conferencia de prensa en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador; Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR).

Alejandro Encinas resaltó que este gobierno ha realizado ocho operativos a lo largo de 48 días en cinco municipios Cocula, Iguala, Huitzuco, Mezcala y Tepecuacuilco. Se han revisado 180 puntos en distintas regiones y más de 120 puntos de búsqueda en donde no ha habido positivos.

También se revisaron alrededor de 80 millones de registros de llamadas telefónicas.

“La única verdad es que no hay verdad alguna”, dijo Encinas.

Sostuvo que hay certeza de cómo se realizó el operativo de los grupos delictivos y en ningún momento hubo contacto por parte de estudiantes con los grupos delictivos o alguno de sus integrantes.