CONSEJO SUPREMO HÑAHÑU
Luego que PGR ofreciera una disculpa pública a: Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, mujeres Hñahñu del estado de Querétaro que estuvieron presas injustamente durante tres años, bajo el cargo de supuesto secuestro de seis integrantes de la extinta AFI
Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) ofreciera una disculpa pública a: Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, mujeres Hñahñu del estado de Querétaro que estuvieron presas injustamente durante tres años, bajo el cargo de supuesto secuestro de seis integrantes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), el Consejo Supremo Hñahñu (CSH), emitió un comunicado para exigir justicia para las tres afectadas.
En dicho documento la organización indígena exigió la sanción penal en contra de todos los responsables que permitieron la violación a los derechos humanos, la privación de la libertad y los daños causados a las tres mujeres que esperaron más de 11 años para que la institución reconociera que tenían razón y que el estado está plagado de corrupción.
De igual forma, exige la reparación del daño moral de acuerdo a lo contenido en el artículo uno De la Ley General de Víctimas “La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica”.
Finalmente, el documento emitido por el CSH, asevera que una disculpa, que además fue a destiempo, no reparará el daño moral ocasionado a estas tres mujeres, y cuestionó el quehacer de las autoridades encargadas de la impartición de justicia en el Estado Mexicano, así como la aplicación del artículo dos constitucional.
“Invocamos al artículo dos constitucional que a la letra dice: la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas ¿Dónde están las instituciones del Estado encargadas de velar por los intereses y Derechos Humanos de los pueblos indígenas de México?”.
