Tres mujeres sobrevivieron al enfrentamiento y las posteriores ejecuciones de Tlatlaya. Una de ellas es Clara Gómez. Desde el principio, la testigo explicó que ella estaba con los 22 aquel día por su hija, Erika. Nunca ha quedado claro cómo llegó Erika al grupo. Clara dice que hacía semanas que no sabía de ella y que justo el día de antes, la muchacha le avisó por celular que estaría en Tlatlaya. Clara, según explicó, fue a buscarla y se encontró con el tiroteo y lo demás. Erika, que entonces contaba 14 años, murió a balazos aquel, 30 de junio de 2014. Pide que la PGR investigue todos los aspectos del caso, que los militares acusados sean enjuiciados y los mandos militares, investigados.

A más de tres años de la matanza de Tlatlaya en México, un juez exhortó a la fiscalía investigue a fondo lo ocurrido, cosa que, de momento, no ha hecho. En junio de 2014, un convoy militar se enfrentó a balazos a un grupo de personas armadas en una comunidad rural de Tlatlaya, un pueblo a cuatro horas de la capital. El Ejército informó entonces que los agresores, 22, habían muerto en el fuego cruzado. Semanas más tarde trascendió que no todos habían caído en la balacera, que los militares habían asesinado a unos cuantos.

El juez amparó a una de las testigos de lo ocurrido, Clara Gómez, que pedía que la PGR investigara a fondo el caso: la balacera, asesinatos, la alteración de la escena del crimen, la actuación de los mandos militares, etcétera. En una resolución dictada hace unos días, el juez da la razón a la testigo y ordena además que la PGR integre todas las pesquisas sobre el caso en una sola investigación, para evitar la pérdida de pruebas.

La procuraduría tiene 10 días hábiles para presentar un recurso, cosa que debería ocurrir, si ocurre, esta semana. “De presentar el recurso”, ha dicho Gabriela Carreón, una de las abogadas de la testigo, “la PGR estaría expresando una clara reticencia a esclarecer los hechos ocurridos en Tlatlaya”.

Sepultada por un alud de escándalos y corruptelas que mantienen en vilo a México desde 2014, la matanza de Tlatlaya fue el primer mazazo contra la imagen del presidente Enrique Peña Nieto.

A menos de dos años de tomar el mando, luego de airear al detalle las bondades de las reformas propuestas por su Gobierno, la muerte a balazos de 22 personas le traía de vuelta a tierra firme, recordando los años duros de la guerra contra el narco del anterior presidente, Felipe Calderón. La muerte a balazos, pero sobre todo la sospecha fundada de que aquello no había sido un simple enfrentamiento.

La PGR presentó su investigación ante el juez a finales de 2014, concluyendo que los militares habían matado a sangre fría a ocho de los 22. Que lo hicieron después de la balacera, cuando ya se habían rendido. Implicaba directamente a tres elementos del Ejército, Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández, acusados además de alterar la escena del crimen. El juez aceptó que los tres siguieran en prisión.

En mayo de 2016, año y medio más tarde, un tribunal consideró sin embargo que las pruebas de la PGR resultaban insuficientes para enjuiciar a los militares y ordenó su liberación. El tribunal asumía que los militares habían “privado de la vida”  a ocho civiles, pero argumentaba que el paquete de evidencias resultaba exiguo.

La PGR protestó: “Conforme al marco legal vigente, la Procuraduría General de la República acata esta resolución judicial. Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación considera haber ofrecido los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares”.

Quintero, Acevedo y Millán eran los últimos tres integrantes del convoy que quedaban en prisión. Antes ya habían salido otros cuatro, vinculados igualmente al caso, aunque por delitos menores. Eran los tres primeros, según los investigadores, quienes habían perpetrado la masacre.

Ahora, otro año después, un juez de amparo insiste en que no, que las pruebas aportadas para enjuiciar a los militares no son suficientes. “Se ha acreditado que la autoridad ministerial ha sido omisa en realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos motivo de la denuncia realizada”, dice. Y además de decirlo, ordena a los investigadores que hagan algo al respecto.