Debido a la omisión del presidente municipal de Tulancingo, Julio Soto Márquez, para dar audiencia y escuchar a ex policías que fueron encarcelados por supuestos vínculos con el crimen organizado; ellos buscarán recurrir a otras instancias para lograr que el gobierno municipal les pueda resarcir el pago de salarios caídos, durante los más de 4 años que estuvieron recluidos.
Los ex oficiales, detenidos en junio del 2010 tras ser señalados de encubrir un grupo del crimen organizado, aseguran estar en su derecho al pago de salarios caídos desde dicha fecha, y hasta diciembre del 2014, cuando fueron liberados luego de obtener un amparo indirecto a su favor.
Lo anterior fue manifestado por los ex oficiales, como respuesta al comunicado emitido por el gobierno municipal, donde cita sentencia derivada del expediente 39/2015, donde el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo dictó resolución al recurso de revisión interpuesto. Dicha sentencia, señala que los seis ex agentes municipales, no confirman la procedencia de la exigencia de reparación económica.
Además, el área jurídica del gobierno municipal agrega que el pago de salarios caídos exigido no procede, pues al momento de la detención, los ex policías municipales no estaban en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, los entrevistados refutaron esta declaración, al mostrar el documento que contiene la orden de trabajo o “fatiga”, emitida el 10 de junio del 2010; fecha de su detención, donde señalan que fueron detenidos por agentes policiacos estatales, mientras desempeñaban sus funciones.
“Nos engañaron, al citarnos en la comandancia general municipal, con el pretexto de supuestos ejercicios y revisión general. En realidad nos detuvieron, incluso siendo víctimas de torturas, para obligarnos a confesar que colaborábamos con el crimen organizado”.
Los inconformes presentaron también, documentos de sentencia emitida por el mismo tribunal, donde se solicita al gobierno municipal que ofrezca “otra respuesta” respecto a la negativa para los pagos, por no quedar a satisfacción el recurso legal.
Por su parte, el gobierno municipal asegura que en un par de ocasiones más, el Tribunal Fiscal Administrativo presentó sentencias de improcedencia en los pagos exigidos.
Los ex policías han interpuesto una nueva demanda, el pasado 25 de mayo, exigiendo nuevamente dichos pagos, al mismo tiempo que sigue su curso la queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre las torturas de las que aseguran haber sido objeto.
Insistieron también en ser recibidos en audiencia por el alcalde Julio César Soto Márquez para exponer su caso, ante las declaraciones previas de éste, en el sentido de que el tema se está revisando a nivel institucional.
“La audiencia es incluso un derecho constitucional, por lo que insistiremos en ser recibidos y escuchados por el Presidente Municipal”, concluyeron.
