Roberto Aranda Hernández, ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tulancingo, es acusado por unas 250 personas de incumplir con supuestos apoyos y beneficios provenientes de programas sociales; para los cuales habría solicitado más de 70 mil pesos, a cambio de la gestión correspondiente.

Cristina García González y Susana Godínez, quienes fungieron como enlace entre el ex dirigente político y la ciudadanía, señalaron que tuvieron contacto con Aranda Hernández antes de las elecciones del pasado 7 de junio, con quien decidieron trabajar en conjunto con el único objetivo de apoyar a la población.

El ex dirigente del partido verde conoció a Cristina García ya que ésta es propietaria de un negocio de lavandería en la colonia Jardines del Sur, donde Aranda Hernández llevaba su ropa; y de ahí nació la relación política, a principios del presente año.

“Se presentó conmigo y me dijo que existían apoyos diversos como despensas, cobijas, zapatos, animales y proyectos como pies de casa; pero para que los proyectos se aprobaran deberíamos pagar el 10 por ciento del costo”, señalaron las inconformes.

Explicó que para llevar a cabo la gestión solicitaban 10 pesos por cada prospecto a beneficiarse con despensa; 30 pesos para zapatos, 150 pesos por un borrego y 300 pesos por la adquisición de una tableta electrónica, entre otros.

Según datos aportados por las quejosas, a través de listas conformadas por 250 personas que serían beneficiarias, se colectó en total 70 mil 96 pesos, que fueron entregados al ex dirigente del Partido Verde, en agosto pasado.

“Nos dijo que todos los proyectos y beneficios llegarían a mediados de septiembre pasado, luego de esa fecha nos dijo que en un mes, en ocho días, el próximo fin de semana, pero ya la gente la tenemos encima y quieren su dinero”, puntualizaron ambas mujeres.

Si bien reconocieron que no ha cortado comunicación totalmente con los 250 ciudadanos e incluso con ellas mismas, sí ha mantenido cierta distancia.

Ellas dicen que únicamente solicitan el dinero de vuelta para evitar malos entendidos.

“Sólo que nos regrese el dinero que es de la gente, eso es lo que pedimos para acabar con esto, porque hemos recibido amenazas vía telefónica y tememos por nuestra seguridad, no es justo que por confiar en el señor estemos hoy así”, concluyeron.