Durante los trabajos de la sesión de la Diputación Permanente de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional registró una iniciativa para adicionar la fracción XII y los párrafos cuarto y quinto al artículo 301 del Código Penal para el Estado de Hidalgo.
Lo anterior, a fin de evitar que los servidores públicos saquen ventaja del poder, empleo o cargo que ostenten, ante una emergencia sanitaria, como la que estamos atravesando a causa de la Covid-19, o en cualquier otra situación de urgencia, en la cual se coloquen por encima de la población a la que sirven, incurriendo en prácticas de abuso de autoridad y aprovechamiento indebido de los cargos que les fueron conferidos.
En su exposición de motivos, la legisladora panista, María Teodora Islas Espinoza, dijo que, la crisis sanitaria causada por la aparición del virus SARS-CoV2 generó una demanda inusitada de fármacos destinados a combatir esta pandemia; así como la posibilidad de contar con vacunas para protegernos de la enfermedad, causó grandes expectativas, esperando que pronto termine esta época de dolor y muerte que tanto daño provocaron al país y al mundo.
“Sin embargo, el reducido número de vacunas que han llegado al país, que dista mucho de satisfacer la necesidad de millones de ciudadanos de ser inmunizados, han provocado que muchas personas busquen la forma de tener acceso a una dosis de vacuna de forma anticipada, sin respetar la programación que las autoridades sanitarias del país han establecido”, destacó.
Recordó que, “en nuestro Estado, el pasado dos de febrero, fue destituido el director del Hospital General de Pachuca por haber favorecido a la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) al ordenar su vacunación contra la Covid-19, a pesar de que aún no le correspondía de acuerdo al orden del proceso de inmunización que estableció el Gobierno Federal”.
Ante ello, dijo que, “consideramos que es necesario reformar el Código Penal para el Estado de Hidalgo, con la finalidad de que se castigue a los funcionarios públicos o servidores públicos que, en beneficio propio o de un tercero, utilice su empleo, cargo o comisión pública, para acceder con prioridad y ventaja a tratamientos médicos, vacunas o insumos médicos, en situaciones de emergencia sanitaria o cualquier otra situación de urgencia”.
