París.- El llamado caso Lambert es un hito histórico para los defensores de la muerte digna. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se expresa por vez primera sobre el fondo de un asunto como este, avaló ayer la decisión de la justicia francesa de retirar alimentación e hidratación artificial que mantienen vivo a Vincent Lambert, un enfermero de 38 años que quedó tetrapléjico y en estado vegetativo hace siete años en un accidente de moto. El caso llegó a los jueces europeos de Estrasburgo por la apelación presentada por los padres de Lambert, de convicciones profundamente católicas.

Al igual que ocurrió en Italia con el caso de Eluana Englaro, el de Lambert es el centro de un vivo debate en Francia sobre el derecho a una muerte digna.

Las discrepancias en la familia de Vincent Lambert están en el origen de este debate francés ahora europeo y de la larga batalla judicial emprendida hace tres años, cuando, en aplicación de la ley vigente francesa, los médicos del hospital universitario de Reims decidieron retirar el tratamiento al paciente.

Los padres de Vincent Lambert, Pierre y Viviane, junto a una hermana y un cuñado, plantearon batalla. Lograron detener la acción de los médicos, pero el Consejo de Estado francés dictaminó el pasado año que la decisión sanitaria fue conforme a la ley. El inmediato recurso a Estrasburgo impidió desconectar a Lambert. Los jueces europeos de la Gran Sala, por doce votos contra cinco, han dado ahora la razón a Francia. No hay violación del artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, han dictaminado, y se ha respetado la ley francesa en vigor que prohíbe el encarnizamiento terapéutico en caso de enfermedad irreversible y, por tanto, autoriza el cese de los cuidados que mantengan su vida de manera artificial contra su voluntad.

El mayor escollo de este asunto es que Vincent Lambert no expresó su voluntad por escrito en un testamento vital. La decisión de interrumpir el tratamiento la tomó el médico Éric Kariger, jefe de cuidados paliativos del hospital de Reims, tras consultar a seis médicos (tres de ellos externos), a su esposa Rachel Lambert y a seis de los ocho hermanos de Vincent, que corroboraron la voluntad del paciente antes del accidente de que no se le prolongara artificialmente la vida en caso de grave discapacidad como la que sufre. El Consejo de Estado analizó cuidadosamente el asunto y ordenó la retirada del tratamiento. (Agencias)