Nuevamente las autoridades del Estado de México están bajo la lupa. A través del secretario General de Gobierno, la autoridad estatal admite que existe violencia en la entidad, pero subraya avances en materia de seguridad
 

Es fácil olvidar que la violencia tiene un rostro humano de dolor, que un homicidio significa truncar los sueños y oportunidades de mejorar —por lo menos una parte— de la comunidad en la que vivimos.
Entre las más de 20 mil víctimas de homicidio doloso que este año se sumarán a la violencia que vivimos en México, se encuentra la pequeña Valeria, una joven estudiante, hija de una familia tradicional mexicana, a la que difícilmente una autoridad podrá catalogar como una joven involucrada en la delincuencia o de la que podrá señalar su estilo de vida como causa de su propia muerte, como acostumbran hacer.
Si acaso podrán decir que el único gran error que Valeria y su familia cometieron fue confiar en el transporte público y en que las autoridades de esa entidad, sumida en la corrupción y la violencia, fuesen capaces de proveer seguridad a sus ciudadanos.
Nuevamente las autoridades del Estado de México están bajo la lupa. A través del secretario General de Gobierno, la autoridad estatal admite que existe violencia en la entidad, pero subraya avances en materia de seguridad. José Sergio Manzur Quiroga olvida que el Estado de México, cerró 2016 en el sexto lugar nacional en tasas por cada 100 mil habitantes en secuestro, octavo en extorsión, sexto en robo con violencia y segundo en robo de vehículo, comparado con las otras 31 entidades.
En este caso todo falló y todo sigue fallando: un padre solicita apoyo tras la desaparición de su hija y las autoridades simplemente lo ignoraron; tras la detención del presunto culpable por homicidio doloso y violación, el victimario aparece muerto en una celda del penal Neza Bordo; ante las dudas, las autoridades insisten en que el presunto culpable se suicidó y omiten explicar de dónde salió la cuerda con la que el presunto culpable ejecutó el suicidio y por qué nadie se dio cuenta de lo que estaba haciendo.
Por si fuera poco los padres se quedaron sin acceso a la justicia y viven amenazas y agresiones de los transportistas de la ruta en cuestión.
Como si esto no fuera poco, los medios de comunicación dan cuenta de hechos que desnudan la debilidad del Estado de derecho en la entidad, la incapacidad de una autoridad de hacer cumplir la ley, dado que, tanto el vehículo como el chofer de la unidad (y victimario), carecían de ciertos requisitos y permisos para operar.
No se trata de hacer del Estado de México leña del árbol caído, ya que el Estado de México es un árbol que cayó hace mucho tiempo sin que exista rendición de cuentas ni avances. Se trata de visualizar problemas que todos conocemos y de los que nadie parece querer responsabilizarse o resolver:
– Carecemos, en la mayor parte del país, de un transporte público mínimamente suficiente, digno y de calidad que dé servicio a una población que sigue creciendo, que no puede acceder al transporte privado, en un contexto donde el desarrollo urbano está en manos de intereses corruptos que sólo agravan los conflictos y problemas sociales.
– El gremio del transporte público en el país, está en manos de hampones que imponen su voluntad y beneficio por encima de los derechos laborales de los choferes, los beneficios sociales y los mínimos impuestos por la ley. Donde los choferes y las autoridades terminan siendo cómplices del daño a la sociedad.
– La autoridad es negligente y omisa en hacer cumplir la ley.
– Carecemos de sensibilidad, capacitación y recursos para enfrentar el fenómeno de las desapariciones.
– Las autoridades siguen simulando compromiso con la sociedad, aún ante la inexistencia de las unidades de búsqueda o de un Sistema de Gestión de Información para atender el tema ¿Cómo alguien pudo omitir la búsqueda de una pequeña?
Lo que observamos y decimos del Estado de México, lo podríamos afirmar de por lo menos la mitad de las entidades del país.
Sin embargo, lo cierto es que, por lo que a este caso se refiere, una vez más tenemos la evidencia de la insensibilidad e incompetencia de la autoridad ante la crisis de seguridad y justicia.
¿Qué tan grave debe ser la falla para que alguna autoridad reconozca su incompetencia y renuncie? Me queda claro que si alguien tuviera dignidad lo haría.
@frarivasCoL