Lima.- Mientras el presidente Ollanta Humala sostiene que las cifras de capturas e incautaciones de armas a 25 días de estado de emergencia en el puerto de El Callao son alentadoras, la prensa muestra más evidencias de policías, militares, trabajadores penitenciarios y del gobierno regional de esa provincia involucrados con el narco y mafias de extorsionadores.

En El Callao, desde el 5 de diciembre, la policía puede ingresar a las viviendas y realizar arrestos sin orden judicial, aunque las libertades de tránsito y de reunión no han sido suspendidas. Las provincias del Santa y Casma, en la costa de la región Ancash, también fueron declaradas en emergencia el 24 de diciembre, por el mismo motivo.

La medida en el principal puerto fue promulgada por el mandatario al día siguiente de que un sicario asesinó a Wilbur Castillo, un exreo que en 2012 denunció que el gobernador y el alcalde del Callao tenían un centro de espionaje telefónico que implicaba a miembros de la organización política Chim Pum Callao. Ello significó confrontar a Roger Poemape, la cabeza de una red criminal que, según la Policía Nacional, tenía el dominio territorial para sacar droga por el puerto. Pero este año, según la esposa de Castillo, el hombre colaboró con la Policía Nacional para que capture a miembros de la red Barrio King, liderada por Gerson Gálvez, alias ‘Caracol’, uno de los prófugos más buscados por delitos de extorsión, narcotráfico y sicariato en El Callao, a 50 minutos de Lima.