El escándalo de los sobornos de Odebrecht en México escaló hasta el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, quien habría pedido cinco millones de dólares a la constructora brasileña en 2014, indica una investigación independiente.

Una acusación judicial indica que los pagos a Lozoya – al mando de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016-, “funcionarían como una contrapartida a indebidos beneficios obtenidos por Odebrecht”, dice un documento del Supremo Tribunal de Brasil que contiene la acusación, cuya copia obtuvo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La declaración jurada contra Lozoya la hizo el director de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, oficina encargada del pago de los sobornos de la constructora.

Tanto Pemex como la Fiscalía federal de México han declarado secretos los documentos de la investigación, por 20 años y cinco años respectivamente, y la petrolera estatal se negó a dar los nombres de los funcionarios que habrían recibido 10,5 millones de dólares en sobornos, como confesaron Marcelo Odebrecht y otros altos cargos de la compañía en juicios en EU y Brasil.

La revista Veja también publicó el 12 de abril en Brasil un breve reporte sobre el millonario pedido en noviembre de 2014 por el entonces director general de Pemex, pero no incluyó el documento del Supremo Tribunal obtenido por MCCI en los archivos abiertos por el Supremo Tribunal de Brasil con base en el principio de “máxima publicidad”. Lozoya envió una carta a la publicación brasileña, en la que afirma que la nota periodística “señala tendenciosamente y falsamente que incurrí en actos ilegales como director general de Pemex”.

El encargado de Odebrecht para el pago de sobornos “reportó la solicitud en noviembre de 2014, para hacer pagos ilícitos, con valor de cinco millones de dólares, a Emilio Lozoya”, entonces titular de Pemex, dice el documento. La acusación no indica quién solicitó el pago ni cómo se concretó.

Lozoya estuvo al frente de Pemex cuando Odebrecht recibió contratos directos de la petrolera por unos 1.000 millones de dólares.

El MCCI afirma que es ilegal clasificar como secretas las investigaciones, como hizo Pemex y la Fiscalía mexicana esgrimiendo los artículos 99 y 105 de la Ley de Transparencia de México, para borrar los nombres de los firmantes de los contratos. “En pocas palabras, esos artículos establecen los criterios por los cuales se puede reservar la información y descarta los casos de corrupción”, explicó a esta agencia Gómez Abán del MCCI.

“Los criterios son, básicamente, por temas de seguridad nacional, riesgos de salud o seguridad (personal), temas procuración de justicia, estrategia económica o financiera, bajo esos términos se clasificó la información”, dice la académica posgraduada en la Universidad de Columbia, Nueva York.