CIUDAD DE MÉXICO

A unas horas de concluir su segundo periodo de mandato y su trabajo de asistencia técnica sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos, los expertos acudieron a la sede de la Procuraduría, donde tuvieron dos reuniones, una con el equipo responsable del caso y otra con la procuradora Arely Gómez

Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregaron un documento a Procuraría General de la República (PGR) con 20 recomendaciones para dar continuidad al trabajo de investigación del caso Ayotzinapa.

El grupo recomendó investigación integral de hechos, llevar a cabo declaraciones testimoniales pendientes, plena identificación del quinto autobús, documentos, declaraciones sobre el caso y cambiar narrativa del caso conocida como “la verdad histórica”, entre otros puntos.

En comunicado dio a conocer que pidió evitar la fragmentación. “Las distintas Averiguaciones Previas que han iniciado contra procesados vinculados con la investigación 1-2015 deben incorporarse a esta investigación en su totalidad, para evitar fragmentación de investigación y para que la Oficina del Caso Iguala pueda tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de delitos cometidos, lo que se considera clave para determinar la responsabilidad y modus operandi”.

Asimismo, reiteraron necesidad de la investigación integral, pues no es posible separar el esclarecimiento de hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 de la investigación del grupo criminal que participó.

El grupo de expertos sostuvo que es necesario investigar otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso y que así sean tipificadas por jueces encargados de las causas penales, entre ellos: desapariciones forzadas, homicidios, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, tortura, exceso en el uso de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron normalistas sobrevivientes.

Se deben ampliar cargos contra presuntos responsables, e integrar resultados de la autopsia de Julio César Mondragón a la tipificación de su caso, señalaron.

Destacaron necesidad de agotar las testimoniales que han sido solicitadas por el GIEI y que aún no se han realizado, especialmente las de autoridades políticas del Estado de Guerrero que se encontraban en funciones la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014; el director y subdirector de la policía de Huitzuco y el presidente municipal y la declaración de las personas que se encontraban en barandillas la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

“Deben realizarse las entrevistas a integrantes del 27 Batallón de acuerdo con las preguntas propuestas por el Informe Ayotzinapa II”, recomendaron.

Respecto a víctimas, el GIEI señala la importancia de que se tomen y sean incluidos en el expediente testimonios de familiares del equipo de Los Avispones que informaron al GIEI de cuestiones relevantes para la investigación, que fueron incluidas en el informe Ayotzinapa II.

Como sexto punto, recomendaron trazar información de telefonía incorporada en el expediente nuevas líneas de investigación y establecer la identidad de usuarios de teléfonos con quienes se comunican perpetradores y autoridades clave en ese momento y que no han sido investigadas.

Respecto a los estudiantes, deben trazarse líneas de investigación a partir de lugares donde, a la hora de detención, se siguieron activando sus teléfonos.

Asimismo, recomendaron realizar confrontación de evidencia balística recogida en escenarios de Santa Teresa y Juan N. Álvarez, con la de armas de Policía Municipal de Cocula, Policía Municipal de Huitzuco, Policía Estatal, Policía Federal, ya que hay evidencias de posible participación de algunos miembros en sucesos violentos ocurridos esa noche.

También debe investigarse por qué la SEIDO vuelve al Basurero de Cocula el 15 de noviembre de 2014, cuál es el sustento para esa nueva diligencia en la cual se levantan 42 casquillos en zona alta del basurero cuando ya se había hecho la revisión del sitio del suceso. Así como porque no fue notificado el Equipo Argentino de Antropología Forense.

“Se debe establecer fecha para recepción de resultados de Innsbruck. PGR debe evitar transmitir información pública sobre fechas específicas de dichas comunicaciones dado que aumentan nivel de expectativa, presión sobre familiares y estrés”, precisaron como octavo punto.

De documentos y videos, el grupo de expertos independientes dijo que PGR debe requerir documentación militar relevante, sobre sucesos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, misma que no se ha incorporado a la investigación.

En décimo punto, señalan necesidad de dar seguimiento a indagación sobre existencia de laboratorios clandestinos en la zona, movimiento del dinero, rutas utilizadas para el traslado de heroína a Estados Unidos, medio de transporte utilizado. Si los propietarios de los medios de transporte son empresas, indagar sobre propietarios, accionistas y socios.

En su recomendación número 11 piden plena identificación del quinto autobús y de documentos y declaraciones sobre el caso.

Asimismo, pide investigar denuncias por malos tratos o torturas con garantías. Refieren que en el segundo informe se presentan 17 casos que revisten indicios de torturas.

La recomendación numero 13 pide investigar si la actuación de los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho. Especialmente posible participación de miembros de la Policía Federal y Policía Estatal en la escena del Palacio de Justicia, el retén anterior a dicho lugar y desviación del tráfico vehicular cuando se estaba dando el ataque al bus Estrella de Oro 1531, en el escenario del puente del Palacio de Justicia.

Como últimas recomendaciones, el GIEI recomendó capturar a la mayor brevedad, y que sean dispuestos de manera inmediata a las autoridades judiciales, a los presuntos responsables de mayor nivel como Felipe Flores Velásquez, Secretario de Seguridad Pública de Iguala en el momento de los hechos y Alejandro Tenescalco Mejía, ex miembro de policía municipal de Iguala.

Investigar patrimonio de presuntos responsables del caso, si su origen es lícito o no, si se corresponde con perfil de ingresos, si existen o ha habido transacciones de bienes entre ellos o con otras personas, así como si han acudido a testaferros u otras maniobras fraudulentas para ocultar sus haberes y propiedades. Los resultados de dichas investigaciones deben ser incorporadas al expediente y a causas penales abiertas.

Además, investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa.

“La investigación llevada a cabo por el GIEI en los informes Ayotzinapa I y II, ha mostrado numerosos elementos que ponen en cuestión circunstancias dadas por válidas en la llamada ‘verdad histórica’. En abril de 2016, es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos”.

Recomiendan continuar con procesos de búsqueda e investigación de nuevas informaciones, mantener espacios de diálogo y comunicación con familiares y evitar formas de victimización de víctimas y promover su seguridad.