¿Y si soy víctima?
En los procedimientos penales o en aquellos que se analiza la posible violación de un derecho humano, es común que las personas se identifiquen en el rol de “víctima”, sin embargo, la Ley General de Víctimas, ha establecido en su artículo 4, diferentes tipos o clases de víctimas, por lo que es importante saber que:
Víctima directa, es una persona física que ha sufrido algún daño –cualquiera que sea- económico, físico, mental, emocional, etc.
Víctima indirecta, es la persona física, sea un familiar o quien tiene alguna relación con la víctima directa.
Víctima potencial, es la persona física que, por prestar auxilio a la víctima (directa o indirecta) o impedir o detener la comisión del delito o violación al derecho humano, corre peligro en su integridad física o en sus derechos.
Víctima grupal, son las comunidades, organizaciones o agrupaciones sociales que se ven afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos por la comisión de un delito o la violación a un derecho humano.
Así, una vez identificada qué calidad se tiene, y de ser efectivamente víctima, debe: 1) recibir información sobre los derechos que le asisten, (artículos 20, apartado C de la Constitución Mexicana, 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 12 de la Ley General de Víctimas), y, 2) solicitar se garanticen sus derechos y se le evite sufrir un riesgo (artículos 137 y 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).
Esto último, se consigue cuando la autoridad competente, impone alguna medida de protección, para evitar que sufra alguna lesión o daño, como puede ser prohibir a la persona agresora se le acerque o se comunique o acuda a donde se encuentre, separarle del domicilio en que cohabiten, le entreguen sus objetos o documentos personales, se vigile su domicilio y se le brinde protección policial, o se le lleve a un refugio.
Asimismo, se aplica alguna orden de protección urgente (tratándose de mujeres), ya sea de emergencia, preventiva o civil, por ejemplo, se le prohíba a la persona agresora molestarla o intimidarla, retener o guardar armas del agresor, hacer un inventario de los bienes comunes e impedir se enajenen, reeducar a la persona agresora a través de programas con perspectiva de género, suspender las visitas o convivencia de la persona agresora con sus descendientes, entre otras.
O bien, se pide la imposición de alguna providencia precautoria, como es embargarle bienes a la persona agresora o que se inmovilicen sus cuentas del sistema financiero.
De igual manera, el conflicto legal puede solucionarse a través de justicia alternativa (por conciliación o mediación), solo si la víctima está en condiciones adecuadas para tomar esa decisión, sin que pueda ser obligada para ello.
Y lo más importante, que se le debe cubrir la reparación integral de los daños causados, por medio de:
Una compensación, es decir, que se le paguen los daños sufridos, patrimoniales y morales, los gastos del juicio, como el pago de la asesoría jurídica, de transporte y alojamiento, en su caso.
La restitución de sus derechos y libertad, empleo, devolución de sus bienes, restablecimiento de su vida y unidad familiar.
La rehabilitación, como el pago de atención médica, psicológica, psiquiátrica y de programas de educación y capacitación laboral.
De satisfacción, con una disculpa pública que le sea brindada y realizar actos que conmemoren su honor, dignidad y humanidad.
Y finalmente, de no repetición, manteniendo en vigilancia a la persona agresora, o que ésta entregue una garantía de no volver a ofender, o acuda a programas de educación sobre derechos humanos o desintoxicación o deshabituación a drogas, según sea el caso.
Teniendo además el derecho a inconformarse o recurrir todas las resoluciones que le generen algún agravio.
En conclusión, no basta ser víctima, sino saber qué hacer y qué exigir, pues ser víctima de la propia ignorancia es perder los derechos anticipadamente.