Álvaro Martín Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo informó que los Órganos Internos de Control (OIC) de presidencias municipales, organismos descentralizados y dependencias estatales han abierto un total de 5 mil 142 investigaciones en contra de servidores públicos y ex trabajadores de la pasada administración y de la actual, debido a que detectaron que cobran doble, no trabajan en donde cobran nómina o se dicen servidores públicos sin serlo.
Destacó que hasta el momento se han promovido 41 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), lo anterior tras encontrar pruebas contundentes. Destacó que 10 son en contra de alcaldes y hasta el momento se han detenido a siete, uno está prófugo y dos optaron por el criterio de oportunidad para aminorar o anular la pena; además, se tienen siete denuncias contra servidores de la Contraloría, siete originadas por personal de la Oficialía Mayor, y el resto de diversas dependencias estatales.
Lo anterior luego de comparecer ante el Congreso Local en el marco de la glosa del primer informe de gobierno de Julio Menchaca Salazar, ejercicio en el que informó además, la aclaración del destino de 4 mil 039 millones de pesos; toda vez que a través del Sistema de Consulta Pública, se solventaron 119 millones, y con su área jurídica para la investigación o en su caso, el resarcimiento del recurso.
Referente a la fiscalización a la Cuenta Pública 2021 con la Auditoría Superior de la Federación, Bardales Ramírez apuntó que se ejecutaron 20 auditorías (16 presenciales y cuatro por medios electrónicos), de las cuales se determinaron observaciones por 554 millones que se encuentran en proceso de atención.
De igual forma, destacó que en el primer año de gobierno, se ejecutaron 150 auditorías; 65 realizadas por despachos externos, 12 por la Dirección de Auditorías, 21 auditorías a obra pública, 25 auditorías convenidas con la Función Pública y 27 auditorías a municipios, estas últimas incluyen los recursos del gasto extraordinario ministrado en 2021 y 2022.
Finalmente en materia de normatividad, enfatizó: “recibimos un Padrón de Proveedores y Contratistas desactualizado, por lo que se trabajó en abatir el rezago de los 7 mil 900 registros; se revalidaron 2 mil 019 y se revisaron 919 expedientes para corroborar la veracidad de domicilios fiscales y facturas; derivado de ello, se cancelaron 80 que no cumplieron con las disposiciones normativas, al menos 10 de ellos, fueron denunciados por ser empresas fantasmas”, concluyó.